CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (SPORT PRESS).-La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) otorgó una suspensión provisional en contra de Antonio Lozano Pineda, para realizar la Asamblea General Extraordinaria 2025 en la que busca seguir ostentándose como Presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) de manera ilegal, de acuerdo a las determinaciones de World Athletics dadas a conocer esta semana.
El 8 de abril se dio a conocer que Antonio Lozano Pineda y su Consejo Ejecutivo fueron desconocidos por la World Athlectic (Federación Internacional de Atletismo) por incumplir su propia Constitución en los procesos estatutarios en relación a la elegibilidad de su presidente.
La World Athletics suspendió a Lozano y a todos los miembros de su Consejo de participar y recibir acreditaciones para eventos internacionales, así como prohibirles voz y voto como parte del organismo.
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Imagen: Sebastian Coe, presidente de World Athletics.
Antonio Lozano de acuerdo a las leyes mexicanas y de la World Athletics ya no puede ejecutar actos de autoridad en territorio nacional o el extranjero.
Los organismos deportivos mexicanos, CONADE, Codeme y Comité Olímpico Mexicano, de acuerdo a las decisiones de World Atlethics y las leyes del país deberán dejar de colaborar con Lozano Pineda o podrían violentar las leyes del país y los estatutos de la máxima instancia mundial del atletismo.
La Federación Internacional le dio hasta el 16 de abril a Antonio Lozano para presentar pruebas que demuestren que cumplió a legalidad con los procesos para obtener la presidencia de la FMAA.
En el año 2021 el Juez Séptimo de Distrito de proceso penales federales de la Ciudad de México determinó que el federtativo es culpable por el delito de peculado, por emitir documentos fiscales falsos ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
El mismo Juez federal determinó que Lozano Pineda ya no podía ejercer el cargo de Presidente de la FMAA, hecho ratificado por la CAAD que lo desconoció de acuerdo a la Ley General de Cultura Física y Deporte.
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Imagen: Antonio Lozano Pineda, ex presidente de la FMAA desconocido por la World Athletics.
El pasado mes de marzo la CAAD aceptó el recurso apelación número CAAD/PLENO/02C.11/69/2025-RA promovido por Moisés Requena Eslava, presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de México y secretario de la FMAA presidida por Israel Benítez Morteo.
En dicho recurso de apelación se le solicitó a la CAAD que la Convocatoria con fecha 25 de marzo del 2025, realizada por Lozano Pineda y Claudia Patricia Pérez Olmos, quien se ostenta como secretaria general de la FMAA, sean consideradas ilegítimas.
También se le solicitó a la CAAD que la Asamblea General Extraordinaria 2025 a realizarse el 19 de abril próximo a las 12:00 horas en la Sala de la ODEPA del Comité Olímpico Mexicano (COM) y otros actos, resoluciones y efectos derivados de la asamblea, sean nulos.
El 11 de abril la CAAD determinó que se otorga la suspensión provisional y ordenó que no se lleve a cabo la Asamblea General Extraordinaria 2025 este sábado, debiendo respetarse dicha suspensión provisional, hasta que en tanto no se resuelva la suspensión definitiva o cambien las condiciones de su otorgamiento ni tengan la naturaleza de acto consumado.
La CAAD ordenó dar vista (informarle) a Antonio Lozano, de quien el organismo rector de las leyes deportivas dice: “pretende ostentarse (Lozano) como Presidente de la FMAA” en el párrafo 2 de la página 6 de la resolución.
La resolución de la CAAD fue avalada y firmada por el Presidente del Pleno, Juan Bautista Gómez, y el secretario general, Ricardo Daniel Gómez Tagle Aguilar.
Los actos realizados por Lozano luego de las decisiones finales de World Athletics son consideradas ilegales y en desacato por parte del máximo organismo mundial del atletismo.
En la Asamblea de este sábado 19 de abril, que la CAAD considera ilegal por los antecedentes y sentencias del pasado, Lozano pretende engañar a sus supuestos afiliados, que tras la decisión de la WA de esta semana, serán sujetos de ser llamados a cuenta por las autoridades mexicanas hacendarias y judiciales por las demandas en curso ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
