- Insiste la senadora Delgadillo García que las autoridades competentes deben dar a conocer el estatus de la investigación de estos crímenes
CIUDAD DE MÉXICO, Abril 30 (XPFM).- En México la situación que enfrentan las personas defensoras de los Derechos Humanos está llena de amenazas, represión y una serie de obstáculos que les impiden realizar sus actividades, y en última instancia termina de forma violenta con sus vidas, advirtió la senadora Verónica Delgadillo García.
Existen pocas garantías para el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, y la impunidad impera al momento de investigar los casos de homicidio de los activistas, expresó la legisladora de Movimiento Ciudadano.
Verónica Delgadillo presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República, para que investigue los asesinatos de estas personas, informe al Senado de la República el estatus que guardan las investigaciones y garantice protección a sus familias.
Delgadillo García refirió que, datos presentados en marzo de 2021, por la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, indican que en 2019 y 2020 fueron asesinadas 45 personas defensoras en nuestro país
En el proyectó, que se turnó a la Comisión de Derechos Humanos, la senadora denunció que el año pasado murieron 25 más entre enero y diciembre de 2021.
Al respecto, dijo, no hay a la fecha ningún pronunciamiento claro por parte de las autoridades competentes que permita conocer el estatus de la investigación de estos homicidios, lo que genera una crisis de impunidad creciente en esta materia.
La legisladora de Movimiento Ciudadano recordó que el 19 de enero de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano, por las graves fallas en la investigación sobre la muerte de la defensora de los Derechos Humanos, Digna Ochoa, ocurrida el 19 de octubre de 2001.
En la sentencia que emitió dicha Corte, abundó, se estableció que el fallecimiento de Digna Ochoa “se inscribió dentro de un contexto generalizado de impunidad por los homicidios de defensores de derechos humanos que ocurrían en esa época en el país, a lo que se suma “una investigación “absolutamente deficiente” de su muerte por parte de las autoridades mexicanas”.