CIUDAD DE MÉXICO, junio 19 (XPFM).- El Congreso de Sinaloa analiza una iniciativa para otorgar pensión anticipada a Alberto Jorge Contreras Núñez, exdirector de la Policía de Investigación estatal, pese a que el gobierno de Estados Unidos lo señala por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La propuesta, enviada por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, plantea asignarle un retiro mensual de 67 mil 477 pesos, una cifra que supera ampliamente el salario promedio de un profesionista en el país. El argumento oficial es que el exfuncionario cumple con los criterios técnicos establecidos en la normatividad local.
Pero el expediente de Contreras Núñez no es cualquier expediente. Las autoridades estadounidenses lo acusan de haber recibido sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa, en operaciones que habrían involucrado también al gobernador Rubén Rocha Moya y al exdelegado de programas federales, Enrique Inzunza. Ninguno de ellos ha sido procesado en México.
La pregunta que el Congreso de Sinaloa debería responder antes de aprobar este beneficio no es si el exfuncionario reúne los años de servicio o las cuotas requeridas.
La cuestión de fondo es si el Estado mexicano puede legitimar, con recursos públicos, el retiro de un mando policiaco cuyo nombre aparece en expedientes de narcotráfico.
Mientras Morena enfrenta la presión por los señalamientos contra sus figuras en Sinaloa, la decisión sobre esta pensión se convierte en una prueba de coherencia. Aprobar el retiro anticipado de Contreras Núñez no sería solo un acto administrativo: sería un mensaje político de que la ley se aplica con rigor selectivo, y que las acusaciones de complicidad con el crimen organizado no son obstáculo para gozar de los privilegios del poder.
