CIUDAD DE MÉXICO, abril 30 (XPFM). -El resumen de la denuncia en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más, encaja con el atentado con armas de fuego en enero pasado en contra de dos diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC).
La Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por medio del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, envió un resumen a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en el que explica los motivos por los que solicitan la detención provisional con fines de extradición en contra de los acusados.
En dicho documento de 34 páginas, la Fiscalía estadounidense desarrolla varios temas y en los puntos 26 y 27, dentro de la página 14, denuncia que funcionarios públicos corruptos de Sinaloa, reciben sobornos para facilitar las operaciones del cártel.
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Ahí se detalla que el Cártel de Sinaloa han ordenado a sus sicarios “destruir a quienes no los apoyan”, por lo que han disparado en contra de funcionarios de todos los niveles de gobierno.
“De hecho, los sicarios del cartel han disparado y asesinado a funcionarios del gobierno mexicano que, a diferencia de los acusados, se negaron a proteger al cartel. Esta violencia implacable ha provocado un derramamiento de sangre desenfrenado y se ha cobrado cientos de vidas en México y en los Estados Unidos.
“Como resultado, el cartel ha logrado un control casi total sobre todas las actividades de tráfico de drogas en muchas partes de México, incluido la fabricación e importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde esas zonas de México hacia los Estados Unidos”, destacó el resumen enviado por la Fiscalía estadounidense.
Esta parte del resumen encaja con el ataque ocurrido el pasado 28 de enero en el que los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Felix y Elizabeth Montoya Ojeda, fueron agredidos con armas de alto poder.
Ambos legisladores sobrevivieron al ataque; la diputada Montoya Ojeda perdió uno de sus ojos a raíz de las heridas provocadas, pero el pasado 7 de abril regresó a sus funciones en el Congreso de Sinaloa.
En el caso de Torres Félix, su situación de salud se mantiene complicada. Compañeros de partido confían en que regresará a su cargo, pero poco se sabe de sus condiciones.
Torres Félix fue candidato por MC a la gubernatura del estado en las elecciones del 2021, cuando fue ganador de la contienda Rubén Rocha Moya., obteniendo el 2.89 % de los votos.
Torres Félix sólo obtuvo un 2.89 % de los votos, pero en los últimos meses su popularidad creció y a principios de enero de 2026 las encuestadoras lo colocaban con un porcentaje de entre un 5 y un 7 %, que lo mantenía lejos de los primeros lugares en la próxima campaña electoral
Si embargos, antes del atentado, algunas facciones opositoras del PRI y el PAN en Sinaloa, veían que una alianza con Torres Félix y su poco más del 5 o 7 %, podrían darle pelea a Morena en la contienda electoral.
Semanas después del ataque, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que la facción de “Los Chapitos” fue la encargada de realizar el atentado en contra de los legisladores.
Este 29 de abril la Fiscalía Federal de Estados Unidos informó que existe una denuncia contra Rocha Moya y nueve de sus funcionarios, varios de ellos encargados de temas de seguridad, de conspirar con la facción de “Los Chapitos” para ingresar grandes cantidades de drogas a los Estados Unidos.
Es decir, el gobierno estadounidense denunció una presunta complicidad entre la facción denunciada por García Harfuch (“Los Chapitos”) y el propio Rubén Rocha Moya con varios de sus funcionarios.
De acuerdo al informe, los “funcionarios corruptos” estarían enterados de dichos ataques a funcionarios públicos, como sería el caso de Torres Félix y Montoya Ojeda.
“Para proteger y facilitar sus operaciones de tráfico de drogas y garantizar la lealtad al cartel y su protección, el cartel cuenta y dirige no solo a cientos de sicarios violentos y fuertemente armados, sino también a decenas de funcionarios públicos corruptos que reciben regularmente sobornos del cartel.
“El aparato de seguridad formado por los sicarios, junto con las relaciones del cartel con funcionarios gubernamentales corruptos, protege las operaciones del cartel y a sus líderes, territorio, laboratorios, rutas de tráfico y dinero”, afirma el resumen de la Fiscalía de Estados Unidos.
Las autoridades de los Estados Unidos, de acuerdo a las leyes internacionales, tienen hasta 60 días después de solicitar la detención provisional para enviar las pruebas a las autoridades mexicanas.
