CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (XPFM).- La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), encabezada por Luisa María Alcalde Luján, abrió un nuevo frente de preocupación para la libertad de expresión al utilizar el espacio denominado “Derecho de Réplica” para exhibir y clasificar a periodistas, analistas, opositores y presuntas cuentas anónimas como integrantes de una supuesta “red de amplificación digital” advirtió ARTICLE 19 México y Centroamérica.
El ejercicio presentado el pasado 12 de agosto no sólo coloca al Gobierno como juez de lo que considera información legítima o desinformación; también utiliza recursos públicos para monitorear, clasificar y desacreditar a quienes participan en la conversación pública.
ARTICLE 19 México y Centroamérica señaló que esta práctica puede contravenir estándares internacionales de libertad de expresión y generar efectos de autocensura.
Alcalde sostuvo que la supuesta red “evidentemente está bien coordinada” y la dividió en cuatro “capas”, atribuyendo distintas funciones a las cuentas señaladas y vinculándolas con tendencias críticas al Gobierno. Sin embargo, el problema central permanece: no se presentó una metodología técnica, evidencia verificable ni criterios objetivos que permitan sostener que existe una operación organizada. Una acusación de esta naturaleza, sin pruebas públicas, corre el riesgo de convertirse en desinformación desde el propio Estado.
ARTICLE 19 recordó que la estigmatización de periodistas desde tribunas oficiales puede generar un ambiente de hostilidad e intolerancia y aumentar su vulnerabilidad. El desequilibrio es evidente: mientras el Gobierno dispone de instituciones, funcionarios y recursos públicos para identificar y señalar voces críticas, periodistas y ciudadanos carecen de una capacidad equivalente para responder a la maquinaria institucional.
Las consecuencias ya se reflejan en redes sociales. Tras la presentación de las listas, aumentaron los mensajes intimidatorios contra periodistas y medios mencionados, acompañados de etiquetas como #PrensaVendida, #ChayoteroMercenario y #MediosSicarios. ARTICLE 19 ha advertido que este tipo de señalamientos desde espacios gubernamentales pueden alimentar campañas de hostigamiento y, en casos extremos, trasladar la violencia digital al ámbito físico.
El caso también revive las advertencias formuladas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH desde 2021 sobre la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”. La preocupación entonces era que un espacio revestido de la autoridad presidencial pudiera convertir la estigmatización en una práctica tolerada contra periodistas y defensores de derechos humanos. Ahora, la crítica reaparece bajo otra denominación y desde otra oficina del Ejecutivo.
ARTICLE 19 cuestionó además que la CJEF se atribuya funciones que van más allá de sus responsabilidades jurídico-administrativas. El artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que sus principales tareas están relacionadas con la asesoría y apoyo técnico-jurídico a la Presidencia, la revisión de proyectos normativos y otros asuntos legales, no con convertirse en un órgano de vigilancia y clasificación de la conversación pública.
La contradicción resulta particularmente delicada: mientras el Gobierno afirma que “Derecho de Réplica” busca proteger a la sociedad frente a la desinformación, termina recurriendo a señalamientos cuya metodología y evidencia no son transparentes. Combatir información falsa no puede significar que el Estado determine qué opiniones son aceptables o quiénes pueden ser etiquetados como parte de una supuesta operación política.
El problema no es que el Gobierno responda a las críticas; tiene derecho a hacerlo. El problema aparece cuando utiliza el peso institucional y los recursos públicos para identificar, exhibir y desacreditar a quienes lo cuestionan. En una democracia, el poder público debe soportar un umbral mayor de crítica, no construir mecanismos para intimidar a quienes ejercen ese derecho.
La advertencia de ARTICLE 19 apunta, por ello, a un riesgo mayor: que el monitoreo institucional de redes sociales termine convirtiéndose en una herramienta de censura indirecta. Si el Gobierno puede señalar públicamente a periodistas por sus opiniones sin transparentar cómo los seleccionó, qué metodología utilizó y qué pruebas sustentan sus acusaciones, el llamado “Derecho de Réplica” corre el riesgo de transformarse en un derecho del poder a vigilar, etiquetar y descalificar a sus críticos.
Más que fortalecer el debate público, una práctica así puede terminar empobreciéndolo. Y cuando periodistas y ciudadanos comienzan a medir sus palabras por temor a ser exhibidos desde una tribuna oficial, el problema ya no es sólo la desinformación: es el efecto inhibitorio que el propio Estado puede estar generando sobre la libertad de expresión.
