CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (XPFM).- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exigió al Gobierno mexicano investigar los vínculos señalados por Estados Unidos entre personas del entorno político de Morena en Baja California y estructuras del crimen organizado, luego de las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro.
La medida estadounidense alcanzó a 21 personas y 25 empresas. Entre los señalados figuran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila; su hermano Luis Alfonso Torres Torres; el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, y el exfuncionario de Aduanas Rafael Buenrostro Marín.
Moreno afirmó que los hermanos Torres Torres aparecen en el centro de una presunta trama de narcocorrupción y sostuvo que las autoridades estadounidenses apuntan a posibles vínculos con niveles del gobierno de Baja California. El priista calificó los señalamientos como graves y reclamó que sean esclarecidos en México.
El dirigente del PRI también cuestionó el silencio de Morena y demandó revisar los nombres, relaciones políticas y operaciones financieras que pudieran estar relacionadas con el caso, sin importar el cargo o la cercanía de los involucrados con el poder.
El episodio representa un nuevo cuestionamiento para la administración de Marina del Pilar, particularmente por la inclusión de su exesposo entre las personas sancionadas y corresponde a las investigaciones determinar si existieron responsabilidades penales o vínculos ilícitos en México.
Moreno aprovechó las sanciones para acusar a Morena de mantener cercanía con personajes relacionados con el crimen organizado y reclamó que el Gobierno mexicano no permita que las relaciones políticas sirvan como protección frente a una investigación.
El caso deja ahora una exigencia concreta sobre las autoridades mexicanas: determinar qué ocurrió, quiénes participaron y si hubo funcionarios que facilitaron o encubrieron las actividades señaladas por Estados Unidos.
