CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (XPFM).- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, escaló su confrontación con el Instituto Nacional Electoral (INE) al presentar ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una denuncia contra los consejeros Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, a quienes acusa de atentar contra su libertad de expresión.
Moreno afirmó que solicitó al gobierno estadounidense revisar las actuaciones de los consejeros y, eventualmente, imponerles sanciones económicas y restricciones de entrada a territorio estadounidense, al amparo de la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, legislación que contempla sanciones contra extranjeros por graves violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción.
La ofensiva internacional de Moreno tiene como origen la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE del pasado 30 de julio, mediante la cual se ordenó retirar publicaciones en las que el dirigente priista calificaba a Morena como “narcopartido” y se le prohibió continuar utilizando ese calificativo. Para el líder del PRI, la medida constituye un acto de censura y una muestra de que el órgano electoral actúa contra la oposición.
Moreno sostuvo que su partido utilizará “todas las vías legales e internacionales” para defender su derecho a expresarse y acusó al INE de estar “sometido y al servicio del gobierno”. Incluso anunció que buscará llevar el caso ante organismos como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como argumento, el priista citó el antecedente del juez brasileño Alexandre de Moraes, sancionado por Estados Unidos bajo mecanismos relacionados con señalamientos sobre represión de la libertad de expresión y persecución de opositores. Moreno presenta la resolución del INE como un intento de silenciar a la oposición, mientras el órgano electoral sostiene su actuación dentro de sus facultades para regular propaganda y expresiones en el ámbito electoral.
La amenaza de llevar el conflicto hasta instancias internacionales refleja, además, el nivel de confrontación entre el PRI y el árbitro electoral. La discusión de fondo no debería reducirse a quién grita más fuerte, sino a determinar si las autoridades electorales están imponiendo límites constitucionalmente válidos o si, bajo el argumento de regular el discurso político, están cruzando la peligrosa frontera hacia la censura.
Por ahora, Moreno advierte que ésta será sólo la primera de varias denuncias.
