CIUDAD DE MÉXICO, agosto 14 (XPFM).- Luisa María Alcalde negó que el gobierno haya elaborado una “lista negra” de periodistas o medios, luego de la polémica generada por el programa Derecho de Réplica, donde fueron mostrados nombres de comunicadores, medios y actores políticos dentro de un supuesto esquema de amplificación digital.
La funcionaria aseguró que lo presentado fue únicamente un análisis sobre un “ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias” y aclaró que aparecer como fuente de una publicación no significa formar parte de una operación coordinada. Sin embargo, la exposición pública de nombres dentro de ese esquema es precisamente lo que provocó las críticas.
Durante la emisión anterior fueron identificados públicamente periodistas como Carlos Loret de Mola, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Lourdes Mendoza y Héctor de Mauleón, además de medios como EL UNIVERSAL, ADN40, Latinus y Aristegui Noticias. También fueron incluidos actores políticos y organizaciones civiles.
Alcalde explicó que determinados contenidos son retomados por cuentas anónimas o “trolls”, que posteriormente los vinculan con narrativas coordinadas y finalmente son amplificados por redes de “bots”. Según la funcionaria, existiría una red de más de medio millón de cuentas automatizadas en distintos países.
La contradicción aparece cuando el gobierno identifica públicamente a periodistas y medios como parte inicial de esas cadenas, pero posteriormente aclara que no los acusa de financiar bots o trolls. Aunque formalmente no se les califique como responsables, colocarlos dentro de una supuesta operación de manipulación genera justamente esa percepción.
Además, Alcalde afirma que “hay gente que sí está financiando” estas redes y que resulta “evidente”, pero no ofrece en su explicación pública los nombres de los presuntos financiadores ni detalla las pruebas o metodología utilizada para establecer esas conexiones.
Así, la discusión no se limita al nombre de “lista negra”. El punto central es por qué desde un espacio gubernamental se exhiben nombres de periodistas, medios y opositores dentro de un esquema presentado como una operación artificial contra el gobierno, mientras después se intenta deslindarlos de cualquier responsabilidad.
La aclaración de Alcalde, por tanto, no termina de cerrar la polémica. Si se trata de una investigación sobre manipulación digital, el gobierno tendría que presentar evidencia verificable, metodología y responsables concretos; de lo contrario, la exposición de periodistas y medios corre el riesgo de convertirse en una forma de señalamiento público disfrazada de análisis.
