La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el 11 de noviembre de 2026 que los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo son constitucionales al no vulnerar el derecho a un recurso judicial efectivo.
El aval constitucional del máximo tribunal
El pleno de la SCJN ratificó por unanimidad la validez legal de las normas que regulan la improcedencia y el sobreseimiento.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, los cuales establecen las causales en que el juicio de amparo es improcedente y cuando procede el sobreseimiento, son plenamente constitucionales. De acuerdo con la sentencia del amparo en revisión 289/2026, propuesta por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y aprobada por unanimidad, las disposiciones referidas no trastocan el derecho fundamental a un recurso judicial efectivo. El fallo consigna que el hecho de que la legislación prevea la posibilidad de que el órgano jurisdiccional actualice de oficio y sin límite temporal una causal de improcedencia no transgrede el principio de seguridad jurídica, ya que esto se justifica por el orden público que les reviste, lo que tiende a asegurar el correcto funcionamiento y la eficacia del juicio de amparo para proteger la Constitución y los derechos humanos.
El análisis competencial y los efectos del fallo
El tribunal colegiado deberá revisar la legalidad del caso conforme a los lineamientos de la SCJN.
Bajo la ponencia de Hugo Aguilar Ortiz, se determinó que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, deberá analizar en el caso concreto si se actualiza o no la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la propia ley, ya que ello constituye el análisis de legalidad que le compete. El asunto resuelto por la corte se originó porque una persona promovió un juicio de amparo indirecto en contra de una boleta de infracción de tránsito y su cobro, e inconforme con la decisión del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que sobreseyó en el juicio por considerar que previo al amparo el quejoso debía promover un juicio de nulidad, presentó un recurso de revisión que derivó en la declinación de competencia hacia el máximo tribunal para resolver el tema de constitucionalidad y convencionalidad planteado. La Suprema Corte determinó que son infundados los agravios aducidos por el quejoso, luego de que Hugo Aguilar Ortiz decidió asumir la competencia al subsistir un tema de constitucionalidad respecto del cual no se había emitido jurisprudencia previa.
(Con información de El Economista)
