La Comisión Europea propuso el 11 de noviembre de 2026 un nuevo proyecto de ley en Bruselas que castiga a las empresas con sanciones de hasta el 6% de su facturación global por aplicar tácticas digitales engañosas en el comercio electrónico.
Las sanciones buscan erradicar el abuso corporativo digital
La normativa europea establece castigos severos para frenar la manipulación comercial en línea.
El comisario de Justicia de la UE, Michael McGrath, presentó el proyecto legislativo el miércoles desde Bruselas, enfatizando que el objetivo principal consiste en asegurar que el mercado funcione bajo criterios de calidad y no mediante la explotación del consumidor. Las empresas que utilicen metodologías de persuasión agresiva o enfoquen publicidad digital directamente en menores de edad enfrentarán repercusiones financieras drásticas. El plan normativo pretende transformar radicalmente el entorno digital comunitario durante los próximos meses.
Los vacíos legales y las críticas del sector industrial
Diversos actores comerciales denuncian solapamientos normativos en la propuesta de la Unión Europea.
La Ley de Equidad Digital ha generado fricciones con diversos sectores corporativos debido a la duplicidad percibida con regulaciones ya vigentes. Las asociaciones empresariales cuestionan la viabilidad de algunas disposiciones orientadas a la salvaguarda infantil en entornos conectados. A pesar de los reparos, la Comisión Europea defiende la medida argumentando que la regulación busca disuadir esquemas tramposos y no entorpecer la actividad económica legítima en el bloque comunitario.
El alcance técnico de la nueva legislación comunitaria
La propuesta prohíbe explícitamente los diseños adictivos y las interfaces engañosas en plataformas digitales.
El articulado legal castiga de forma directa los modelos de suscripción trampa, el marketing deshonesto ejecutado por influenciadores y las estrategias de fijación de precios opacas. Estas prácticas comerciales desleales provocan pérdidas económicas millonarias anuales a los usuarios del bloque. El Parlamento Europeo y los estados miembros deberán debatir y ratificar el texto normativo en el transcurso de los próximos meses para concretar su entrada en vigor definitiva.
(Con información de Reuters)
