Brenda Valenzuela Gil presentó un amparo contra Omar García Harfuch y funcionarios federales en Durango, acusándolos de incumplir diligencias clave de la FGR para localizar a dos testigos clave tras la desaparición de su hijo en Mazatlán.
La búsqueda de justicia se fractura ante la inacción institucional y el peso de la burocracia federal. A más de un año de la desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán, Sinaloa, la madre del joven, Brenda Valenzuela Gil, interpuso una demanda de amparo en Durango, Dgo. contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señalando directamente a la dependencia por presuntas omisiones en el cumplimiento de mandamientos ministeriales.
La omisión de la SSPC bloquea el esclarecimiento de la desaparición y perpetúa la impunidad institucional
El recurso legal interpuesto exhibe la falta de ejecución y supervisión de órdenes emitidas por el Ministerio Público Federal para localizar a dos personas clave que podrían aportar información determinante sobre los hechos. Las instrucciones fueron giradas en distintas ocasiones, pero los registros de la investigación carecen de informes completos sobre las acciones emprendidas para dar con los posibles testigos. La familia sostiene que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tampoco agotó las búsquedas en los domicilios oficiales registrados.
La negativa gubernamental a utilizar las capacidades de inteligencia del Estado vulnera los derechos fundamentales de las víctimas.
La asesoría jurídica de las víctimas solicitó formalmente el apoyo de diversas instituciones de inteligencia para avanzar en las diligencias, incluyendo al Centro Militar de Inteligencia, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Naval, la Guardia Nacional y la FGR, sin obtener respuesta favorable. Brenda Valenzuela Gil recriminó que el Estado posee la capacidad operativa necesaria, pero carece de la voluntad política para aplicarla en la localización de su hijo.
La FGR investiga posibles vínculos de la desaparición con células del Cártel de Sinaloa.
El expediente se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro y la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, apuntando a una posible conexión con integrantes de La Chapiza o Los Chapos. Las omisiones reclamadas erosionan los derechos constitucionales a la verdad y al acceso a la justicia, obligando a un juzgado federal a revisar el actuar de los mandos de seguridad.
(Con información de Proceso)
