El Colectivo Ciudadano Isla Cozumel denunció el 29 de octubre durante la XV Sesión del Comité de Cuenca en Cozumel, Quintana Roo, un intento por instaurar una gerencia operativa privada que controlaría la gestión hídrica de la isla.
El taller de gobernanza como vehículo para la privatización
El Colectivo Ciudadano Isla Cozumel expuso que organizaciones como Amigos de Sian Ka’an y Coral Reef Alliance impulsaron una estrategia ajena a la agenda oficial del comité.
Durante la XV Sesión del Comité de Cuenca de Cozumel, celebrada el 29 de octubre, las agrupaciones Amigos de Sian Ka’an y Coral Reef Alliance presentaron un taller enfocado en gobernanza, saneamiento y financiamiento. Para Adrián Villegas, presidente de WhiteRock Research & Consulting e integrante del colectivo denunciante, dicha intervención operó como un mecanismo de captura institucional para validar una propuesta de largo plazo sin discusión previa en el órgano colegiado. El encuentro se desarrolló físicamente en las instalaciones de la Asociación de Hoteles de Cozumel, factor que los inconformes interpretaron como un indicio de cercanía e interés corporativo en el manejo de los recursos naturales de la demarcación quintanarroense.
El control operativo y el desplazamiento de las autoridades públicas
La nueva estructura concentraría el monitoreo de cenotes, reservas y calidad del agua al margen de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y la Conagua.
El eje central de la controversia radica en la creación de una gerencia operativa independiente que sustraería funciones clave de organismos oficiales como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Ayuntamiento de Cozumel. Aunque estas dependencias conservarían su existencia formal en el plano administrativo, la referida gerencia se perfila como el núcleo real de decisiones sobre el recurso hídrico. Según la denuncia formalizada por Adrián Villegas, este esquema dejaría la medición de las reservas del acuífero, el seguimiento a cenotes y zonas costeras, y la supervisión de la calidad del líquido en manos del sector privado, con un peso dominante del sector hotelero local.
Los riesgos de opacidad y el conflicto de interés en la gestión hídrica
La transferencia de facultades hacia la iniciativa privada eliminaría la obligación de rendición de cuentas mediante solicitudes de transparencia y amparos ciudadanos.
La resistencia del Colectivo Ciudadano Isla Cozumel descansa en las consecuencias jurídicas y operativas de sustraer información estratégica del dominio público. Al quedar la gestión bajo el control de particulares, los datos sobre la disponibilidad y pureza del agua perderían su naturaleza gubernamental, lo que anularía la posibilidad de exigir rendición de cuentas a través de las herramientas de transparencia o recursos legales como el amparo. Esta privatización encubierta resulta especialmente peligrosa debido a la extrema vulnerabilidad del acuífero insular y la dependencia de los arrecifes mesoamericanos frente a la presión turística, configurando un escenario de inminente conflicto de interés donde los principales explotadores del recurso terminarían evaluando su propia disponibilidad y desempeño ambiental.
(Con información de El Economista)
