CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 09 (XPFM).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recibió por primera vez pruebas y testimonios de personas que colaboran directamente en investigaciones sobre presuntas irregularidades en las contrataciones públicas de organismos electorales, entre ellas las correspondientes al Instituto Nacional Electoral (INE). Los elementos entregados incluyen documentos, fotografías, videos, información financiera y conversaciones de WhatsApp que podrían ayudar a identificar a los responsables y reconstruir el funcionamiento de los posibles mecanismos de corrupción.
La información fue proporcionada mediante el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, establecido conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que permite al órgano fiscalizador obtener datos de personas con conocimiento directo de los procedimientos de contratación y de las anomalías que presuntamente se cometieron durante varios años.
Entre las evidencias también figuran nombres, alias, domicilios y datos de personas presuntamente involucradas, así como información que permitiría establecer las relaciones entre funcionarios, empresas y particulares que participaron en la selección de proveedores y asignación de contratos.
Uno de los aspectos más delicados de las indagatorias apunta a la posible intervención de beneficiarios finales de empresas en los procesos de contratación. La ASF ha documentado indicios de que personas detrás de determinadas compañías habrían participado en la definición de requisitos técnicos y en la selección de proveedores, presuntamente para favorecer sus propios intereses o garantizar que determinadas empresas obtuvieran contratos públicos.
Los testimonios y documentos entregados permitirán profundizar en las posibles redes de relaciones entre quienes intervinieron en las licitaciones y las decisiones que determinaron la asignación de recursos. La investigación busca establecer si existieron acuerdos o mecanismos para direccionar las contrataciones hacia proveedores previamente favorecidos, en perjuicio de la transparencia y competencia que deben regir el uso del dinero público.
La ASF adelantó que continuará reuniendo pruebas para identificar a más personas involucradas, rastrear el destino de los recursos públicos y determinar las responsabilidades administrativas o legales correspondientes. Las investigaciones también abarcan contrataciones de organismos electorales locales, conocidos como OPLEs, por lo que el alcance de las revisiones no se limita al INE.
