CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 06 (XPFM).- Miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro nacional de labores en al menos 22 sedes de más de 16 estados, para rechazar el nuevo sistema de evaluación de desempeño aprobado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Los inconformes advierten que los exámenes y las calificaciones asignadas por superiores y compañeros podrían convertirse en mecanismos de presión, afectar su estabilidad laboral y limitar su independencia profesional.
La protesta, que contempla la participación de aproximadamente 32 mil trabajadores de más de 900 tribunales y juzgados federales, comenzó desde el jueves en Morelos, donde más de mil empleados cerraron instalaciones en Cuernavaca y Xochitepec. En la Ciudad de México se sumaron los edificios de San Lázaro y Prisma, mientras que las movilizaciones también se extendieron a entidades como Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Estado de México, entre otras.
El principal motivo del conflicto es el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual el OAJ estableció evaluaciones para secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales. El modelo asigna apenas 40% de la calificación al examen de conocimientos, mientras que el 60% restante depende de otros criterios: 22.5% corresponde a la valoración del titular del juzgado, 7.5% a la opinión de compañeros y 10% a reportes institucionales, además de indicadores de productividad y comportamiento.
Los trabajadores consideran que esta distribución deja demasiado peso en las valoraciones personales y administrativas, lo que podría facilitar represalias laborales contra quienes expresen desacuerdos jurídicos con jueces o magistrados. El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial llamó a sus integrantes a no inscribirse en el procedimiento, mientras que la Unión Nacional de Trabajadores del PJF advirtió sobre el riesgo de que los superiores utilicen las evaluaciones para presionar o perseguir al personal.
Aunque el OAJ sostiene que la primera evaluación, prevista para diciembre, tendrá carácter diagnóstico y servirá para identificar necesidades de capacitación, el propio acuerdo establece consecuencias vinculadas con las calificaciones. Quienes obtengan entre 90 y 100 puntos, o de 80 a 89, recibirán constancias de permanencia por dos años; las puntuaciones de 70 a 79 y de 60 a 69 tendrán vigencia de un año y obligarán a participar en actividades de fortalecimiento. Sin embargo, quienes obtengan 59 puntos o menos serán clasificados como insuficientes y podrán solicitar un examen extraordinario por única ocasión; si no lo presentan, lo reprueban o no consiguen autorización para realizarlo, el procedimiento contempla su baja de la institución.
El calendario también genera inconformidad por el poco tiempo disponible para prepararse. Los temarios se publicarán el 17 y 18 de noviembre, mientras que los exámenes para secretarios están programados para el 4 de diciembre; los actuarios serán evaluados el día 8 y los oficiales judiciales el 14 y 15. La revisión de resultados se realizará entre enero y marzo de 2027. Los empleados cuestionan que deberán estudiar y prepararse sin dejar de cumplir con sus cargas habituales de trabajo.
El conflicto representa un nuevo frente de tensión dentro del Poder Judicial, después de las movilizaciones de 2024 contra la reforma judicial impulsada durante el gobierno de López Obrador. Ahora, la inconformidad se concentra en las reglas de evaluación establecidas por el nuevo órgano administrativo y en el riesgo de que un mecanismo presentado como instrumento de profesionalización termine condicionando la permanencia de miles de trabajadores.
