El Poder Judicial de la Ciudad de México enfrenta una parálisis digital desde el 3 de noviembre de 2026 debido a una contingencia en su Centro de Datos, ubicada en la colonia Doctores, afectando a miles de usuarios de juzgados familiares y civiles.
La crisis tecnológica fractura los servicios del tribunal capitalino
El sistema informático del tribunal capitalino colapsó tras una falla en su infraestructura central, inhabilitando plataformas críticas para la impartición de justicia.
La falta de conectividad en el Poder Judicial de la Ciudad de México paralizó las operaciones en los juzgados civiles y familiares, impidiendo el acceso a los expedientes digitalizados mediante SICOR y bloqueando el funcionamiento de las máquinas destinadas al pago de copias. Los litigantes y ciudadanos tampoco han podido consultar las plataformas de Mi tribunal para revisar expedientes de oralidad, generando un grave rezago en los trámites judiciales cotidianos.
El origen de esta fractura tecnológica se localiza en el Centro de Datos ubicado sobre la avenida Niños Héroes número 150, en la colonia Doctores, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. La contingencia obligó a que el Pleno del Órgano de Administración Judicial interviniera de manera urgente para emitir el Acuerdo OAJCDMX-V-93/2026, decretando la suspensión oficial de los plazos procesales para la fecha inicial del incidente.
El impacto operativo y la opacidad presupuestal del tribunal
La dependencia enfrenta un severo deterioro en sus capacidades operativas mientras persisten cuestionamientos por el uso de recursos en rentas y equipos obsoletos.
Durante el 4 de noviembre de 2026, el Boletín Judicial circuló con un mínimo de notificaciones, evidenciando que la parálisis digital se extendió por segundo día consecutivo sin que las autoridades lograran estabilizar la red. Esta emergencia técnica desató inconformidades masivas en chats de WhatsApp y redes sociales, donde diversos sectores de litigantes denunciaron un presunto ataque cibernético en los servidores institucionales, alimentando la incertidumbre sobre la seguridad de la información judicial.
Este quiebre tecnológico ocurre en un contexto donde diversas fiscalizaciones han señalado que el organismo destina 340 millones de pesos en rentas y equipamiento rezagado, evidenciando una gestión deficiente de los recursos financieros frente a las necesidades elementales de operación. Ante este panorama, la continuidad de la suspensión en los términos legales dependerá de la capacidad técnica de la institución para recuperar sus plataformas digitales en las próximas horas, salvaguardando únicamente los procesos de carácter penal y aquellos considerados urgentes por ministerio de ley.
(Con información de Proceso)
