La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Oaxaca detuvo a Irineo Molina Espinoza, exalcalde de San Juan Bautista Tuxtepec, el 30 de octubre de 2026, por el desvío de 23 millones de pesos tras dejar las filas de Morena.
El escenario político de Oaxaca registra un quiebre relevante tras la captura de Irineo Molina Espinoza, expresidente municipal de San Juan Bautista Tuxtepec. La aprehensión fue confirmada por la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, Karina Reyes Ávila, quien ejecutó el mandato judicial derivado de una denuncia formal presentada por la Auditoría Superior del Estado.
La captura del operador político tras su salida de las filas oficialistas
La aprehensión de Irineo Molina Espinoza se consumó bajo la causa penal 496/2026, pocos días después de que el exlegislador rompiera con Morena para sumarse a Movimiento Ciudadano.
El proceso judicial contra el exalcalde expone un aparente intento de salvaguarda política que colapsó ante el avance de las indagatorias ministeriales. Irineo Molina Espinoza había abandonado formalmente al partido oficialista tras fracasar en su intento por obtener la reelección en los comicios pasados. En un movimiento estratégico para buscar nuevamente la presidencia municipal, el excoordinador de la bancada de Morena en el Congreso estatal y ex diputado federal se integró a las filas de Movimiento Ciudadano, un refugio partidista que quedó marcado por la inmediata acción de la justicia estatal.
El esquema de adjudicaciones irregulares y el daño al patrimonio municipal
Las investigaciones ministeriales documentaron un desfalco de 23 millones 39 mil 533 pesos con 97 centavos mediante contratos otorgados fuera de la ley a tres empresas distintas.
El soporte técnico de la acusación se fundamenta en la causa penal 496/2026, la cual detalla un sofisticado mecanismo de adjudicaciones ilícitas operado a finales del año 2022. De acuerdo con los peritajes financieros integrados por la fiscalía anticorrupción, el exedil autorizó procedimientos de contratación que violaban la normativa vigente para beneficiar a tres compañías con obras públicas simuladas. Ninguna de estas empresas cumplía con los requisitos legales establecidos, lo que permitió la transferencia sistemática de recursos públicos hasta alcanzar un quebranto financiero acumulado por 23 millones 39 mil 533 pesos con 97 centavos en agravio directo del municipio de Tuxtepec.
(Con información de Proceso)
