CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (XPFM).- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato no correspondían, en general, a huachicol, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el operativo de septiembre como uno de los mayores golpes contra el robo de hidrocarburos en el país.
Durante su conferencia matutina de este miércoles 21 de octubre, la mandataria afirmó que la instalación intervenida, ubicada en San José Iturbide, contaba con los permisos correspondientes. Explicó que se detectaron irregularidades en el transporte de combustible que ingresaba al lugar, pero aseguró que la empresa resolvió el problema.
“En general, toda la instalación tenía sus permisos”, sostuvo Sheinbaum al responder si el combustible asegurado era ilegal.
El anuncio termina de derrumbar la versión difundida el 17 de septiembre, cuando la FGR reportó el hallazgo de más de 59 millones de litros de gasolina regular, premium y diésel, cuya procedencia legal no había sido acreditada completamente. La Fiscalía indicó entonces que existían indicios de posibles delitos relacionados con hidrocarburos y materia fiscal, por lo que la investigación quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
El caso también derivó en la separación de Juan Francisco Vera Ayala, entonces delegado de la FGR en Guanajuato. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó en septiembre que se habían detectado anomalías en el operativo y cuestionó que el aseguramiento se anunciara sin haber verificado previamente toda la información.
Por su parte, Grupo SIMSA, vinculado con la terminal de almacenamiento, sostuvo desde el inicio que sus operaciones eran legales y que había entregado la documentación correspondiente a las autoridades. La empresa rechazó que el combustible almacenado fuera de procedencia ilícita.
Aunque Sheinbaum ahora descarta que el caso correspondiera a huachicol, aventó la bolita a la FGR quien debe informar con detalle sobre los resultados de la investigación. La diferencia entre el anuncio inicial y esta última declaración presidencial deja ahora como pendiente el conocer qué presuntas irregularidades motivaron el aseguramiento de los 59 millones de litros, qué determinó la Fiscalía sobre su procedencia y por qué el operativo fue presentado inicialmente como un decomiso histórico de combustible ilegal.
