El excomandante de la policía ministerial de Puebla, Alejandro Rocha Laureano, quedó en libertad en octubre de 2026 tras purgar una condena de cinco años y seis meses por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, cometido en Cancún y Puebla.
La ejecución de una orden judicial y el traslado carretero de 2005
La liberación del exfuncionario se concretó después de que un juez federal corroborara el cumplimiento total de la sentencia privativa de la libertad.
El proceso judicial contra el excomandante se originó por su participación directa en la orden de aprehensión, la captura y las agresiones físicas y psicológicas infligidas a la escritora en diciembre de 2005. En aquella fecha, los agentes ministeriales interceptaron a la comunicadora en Cancún, Quintana Roo, para luego someterla a un traslado por carretera con destino a Puebla, trayecto durante el cual se perpetraron los abusos documentados en el expediente judicial. Al momento de su captura formal en diciembre de 2018, el implicado continuaba en activo dentro de la corporación ministerial poblana, lo que evidenció la protección institucional de la época.
Las repercusiones legales y la amenaza de una contrademanda
La defensa legal del expolicía analiza interponer acciones jurídicas por el tiempo excedido en reclusión.
Tras abandonar el penal ubicado en Cancún, Quintana Roo, los representantes legales del exagente ministerial advirtieron sobre la posibilidad de emprender una contrademanda en contra de la autora de Los demonios del edén, argumentando un supuesto exceso en el periodo de encarcelamiento preventivo previo a la sentencia firme. Esta postura abre un flanco de litigio adicional en un caso histórico que involucra a las altas esferas del poder político y policial del estado poblano durante la administración de Mario Marín Torres.
El estatus de la red de complicidades en el caso de agravio periodístico
El entramado judicial mantiene a diversos actores clave entre la prisión federal y los beneficios procesales.
Mientras Rocha Laureano recuperó su autonomía jurídica tras extinguir la sanción impuesta, otros partícipes fundamentales de la agresión enfrentan realidades jurídicas divergentes. El exgobernador poblano Mario Marín Torres permanece internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México. En contraste, Hugo Adolfo Karam Beltrán, quien se desempeñaba como director de la Policía Judicial de Puebla al momento de los hechos y fue capturado en julio de 2023 en Boca del Río, Veracruz, consiguió un amparo en agosto de ese mismo año que le otorga el beneficio de enfrentar su proceso en libertad.
(Con información de Periódico Central)
