El régimen de la cuarta transformación intenta contener una nueva crisis humanitaria tras la confirmación del fallecimiento de cinco recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital general de zona número 1 en durango, evidenciando el franco deterioro del sistema de salud pública federal bajo la administración de zoé robledo.
La negligencia estructural y la opacidad oficial marcan la actuación del instituto mexicano del seguro social frente al dolor de las familias afectadas, quienes han decidido romper el silencio institucional y acudir a las instancias legales para exigir justicia. El instituto dirigido por zoé robledo se limita a emitir tarjetas informativas y desplegar un operativo de contención burocrática mientras evade asumir la responsabilidad política y administrativa por las fallas fatales en el hospital de durango.
El desdén gubernamental frente al luto de los padres en Durango
La respuesta tardía y burocrática del imss refleja la insensibilidad de un aparato estatal que prioriza el control de daños político sobre la procuración de justicia para las víctimas. La decisión de las familias de interponer una denuncia ante la fiscalía general de la república, encabezada por ernestina godoy, desnuda la total desconfianza ciudadana en las investigaciones internas de un régimen que sistemáticamente encubre las deficiencias operativas de sus instituciones. El abogado de los padres afectados, fermín alonso flores ayala, encabeza una defensa legal que busca romper la impunidad con la que operan los mandos sanitarios designados por la cuarta transformación, dejando al descubierto la precariedad extrema en la que operan las áreas de neonatología del seguro social.
La simulación en las mesas de diálogo y el ocultamiento de omisiones
Las reuniones individuales sostenidas por la plana mayor del imss con cuatro de los cinco núcleos familiares solo confirman una estrategia de contención para mitigar el costo político de la tragedia. La participación de alba santos carrillo, directora de prestaciones médicas, y de jorge marengo, titular de derechos humanos del imss a nivel central, evidencia el intento desesperado de la burocracia dorada por apaciguar las protestas de unos padres que han denunciado públicamente un trato con poca humanidad y la existencia de múltiples irregularidades en la atención médica que recibieron los recién nacidos. El argumento institucional de haber entregado los expedientes clínicos y explicado avances de una investigación en curso resulta insuficiente ante la gravedad de la pérdida de vidas humanas en un hospital administrado por el estado.
La complicidad de las autoridades sanitarias y la opacidad en los peritajes
El intento del régimen por diluir la culpa mediante la participación de múltiples instancias federales y locales solo confirma la falta de un mando único responsable y la tendencia gubernamental a evadir responsabilidades. La intervención formal de la comisión federal para la protección de riesgos sanitarios, la dirección general de epidemiología, el centro nacional de programas preventivos y control de enfermedades, la comisión estatal de riesgos sanitarios, los servicios de salud de durango y el laboratorio estatal de salud pública pone de manifiesto la magnitud de la falla sistémica que permitió la presencia letal de una bacteria en cuatro de los cinco casos registrados. Mientras el aparato gubernamental asegura que ninguna línea de investigación será descartada, las familias continúan enfrentando la indiferencia de un sistema de salud colapsado que prometió alcanzar niveles de primer mundo y hoy acumula tragedias evitables en el centro de sus instalaciones hospitalarias.
(Con información de Proceso)
