VERACRUZ, septiembre 15 (XPFM).- La crisis por el desabasto de medicamentos e insumos en Veracruz suma ahora una contradicción que coloca nuevamente bajo escrutinio a la administración de Rocío Nahle. Mientras médicos y pacientes denuncian carencias en hospitales públicos y la gobernadora intenta minimizar el problema, circula información sobre el presunto ingreso de Gustavo Domínguez Aguirre, esposo de la secretaria de Salud, Mariela Hernández García, a un hospital privado de Xalapa para ser sometido a una cirugía de emergencia.
De acuerdo con la información difundida, Domínguez Aguirre fue atendido en el Hospital Ángeles de Xalapa, perteneciente a una cadena privada reconocida por ofrecer servicios médicos de alto costo. El hecho, por sí mismo, no demuestra irregularidad alguna —una emergencia médica permite a cualquier familia elegir dónde recibir atención—, pero adquiere una dimensión política cuando se contrasta con el discurso oficial sobre las condiciones de los servicios públicos que encabeza precisamente la funcionaria responsable del sector.
La pregunta que surge es incómoda pero legítima: si los hospitales públicos de Veracruz cuentan con el abasto y las condiciones que sostiene el gobierno, ¿por qué la familia de la titular de Salud recurrió a un hospital privado?
La comparación apunta particularmente al Centro de Especialidades Médicas “Dr. Rafael Lucio” y al Hospital “Luis F. Nachón”, ambos en Xalapa. No obstante, debe subrayarse que no existe información pública que permita conocer las razones médicas específicas por las que se eligió el hospital privado.
La contradicción se vuelve más evidente después de que Nahle reconociera que sí existen diferencias importantes en el abasto de medicamentos entre los 60 hospitales revisados, con algunas unidades por debajo de 50 por ciento de suministro. La gobernadora, sin embargo, descartó que exista una emergencia sanitaria y atribuyó parte del retraso a que las solicitudes de insumos comenzaron a llegar apenas diez días antes.
El episodio también ocurre en medio de los reclamos contra Roberto Ramos Alor, titular del IMSS-Bienestar en Veracruz, cuya renuncia fue exigida durante las protestas de médicos y ciudadanos. Ramos Alor ya había generado indignación por responder a un médico residente que denunciaba la falta de material para operar: “si no lo tienes, no operes”. Pese a ello, Nahle mantiene su respaldo al funcionario y aseguró que ha sido fundamental para la distribución de medicamentos mediante las llamadas camionetitas de la salud.
Y es aquí donde aparece una de las mayores contradicciones del discurso oficial, pues mientras los ciudadanos dependen de hospitales públicos que reconocidamente presentan problemas de abasto, funcionarios de primer nivel tienen la posibilidad, o eligen acudir por seguridad y confianza, a servicios privados cuando enfrentan una emergencia médica. No se trata de cuestionar el derecho de una familia a escoger la atención que considere mejor, sino de poner frente a frente esa libertad con la realidad de quienes no tienen otra opción que acudir a un hospital público y que el gobierno afirma son de primer mundo y cuentan con todo lo necesario para atender.
La discusión, por tanto, rebasa el caso particular del esposo de la secretaria de Salud. El verdadero problema es la credibilidad del gobierno cuando habla de la calidad de los servicios que administra. Si los hospitales públicos están suficientemente abastecidos y funcionan adecuadamente, la administración estatal debe demostrarlo con cifras, inventarios, indicadores de atención y resultados; y si existen carencias, como ya reconoció la propia gobernadora, corresponde atenderlas en lugar de atribuir las protestas a intereses políticos.
Más que cuestionar que un funcionario o su familia utilice un hospital privado, el episodio obliga a preguntar por qué el gobierno que administra la salud pública no consigue ofrecer a los ciudadanos la misma confianza que sus propios integrantes parecen depositar en el sector privado.
