La instauración del Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas por parte de la Organización de las Naciones Unidas expone la indolencia del Estado mexicano y la normalización gubernamental de una tragedia humanitaria que el régimen actual se niega a combatir frontalmente.
El simulacro internacional frente al colapso nacional de desaparecidos
La reciente proclamación de esta fecha conmemorativa, derivada de un proyecto impulsado por la República Árabe Siria en el octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, evidencia la incapacidad de las estructuras gubernamentales para frenar la violencia y la desaparición forzada. La respuesta institucional se limita a actos simbólicos que los colectivos de familiares califican como una condena permanente para que la ciudadanía asuma una labor de búsqueda que corresponde exclusivamente a las autoridades del país.
La indolencia del régimen de la Cuarta Transformación se refleja en la omisión sistemática de resultados y en la persistencia de fiscalías y dependencias federales y locales que simulan investigaciones mientras las familias cargan con el dolor y el peligro de rastrear fosas clandestinas. Esta transferencia de responsabilidades estatales hacia los sectores vulnerables demuestra el fracaso de las políticas de seguridad y la complicidad por omisión de los gobiernos emanados de Morena, los cuales prefieren administrar el conflicto antes que enfrentarlo con recursos y estrategia.
La complicidad burocrática y el silencio en la asamblea general
La postura crítica de los colectivos también señala la inacción de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al que acusan de priorizar la diplomacia con el poder mexicano por encima de la protección efectiva de las víctimas. La gravedad de la crisis en México ha sido documentada y advertida desde marzo pasado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, instancia que solicitó elevar el caso al pleno de la Asamblea General.
Pese a la urgencia de la situación, el tema de las desapariciones forzadas en territorio nacional permanece excluido de la agenda oficial para el octogésimo primer periodo de sesiones de la organización internacional. Esta omisión deja la responsabilidad en manos de los estados miembros para proponer la discusión y activar el artículo treinta y cuatro durante el debate general programado del veintidós al veintiocho de septiembre, dejando al descubierto la opacidad con la que el régimen mexicano opera en el escenario exterior para ocultar la magnitud de la catástrofe humanitaria.
(Con información de El Economista)
