La administración federal consolida su ofensiva financiera contra los contrapesos republicanos al proyectar una reducción drástica en las percepciones y la eliminación de seguros médicos para ministros y magistrados en el presupuesto del siguiente año.
El ajuste financiero sobre la Suprema Corte y los nuevos órganos judiciales
La política de austeridad impuesta desde el ejecutivo federal se refleja en las cifras del gasto programado para el ejercicio fiscal de 2027, donde las remuneraciones del máximo tribunal y de las instancias disciplinarias sufren contracciones considerables. La Percepción Total Anual Bruta de los nueve ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación descenderá de dos millones 877,288 pesos a dos millones 806,632 pesos, lo que representa una disminución real de 5.3% frente a las asignaciones devengadas durante el periodo previo. Por su parte, la embestida presupuestal resulta todavía más severa para los cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y los cinco integrantes del Órgano de Administración Judicial, cuyas percepciones sufrirán desplomes del 49.6% en términos reales, al pasar de cinco millones 529,451 pesos a dos millones 874,703 pesos y dos millones 874,290 pesos respectivamente, evidenciando la intención del régimen de someter económicamente a los operadores de la justicia federal mediante un recorte drástico que vulnera la autonomía financiera garantizada constitucionalmente para el ejercicio de su labor jurisdiccional.
La extinción de prerrogativas y el desmantelamiento de la seguridad social institucional
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tampoco escapan a la política de contención del gasto gubernamental, ya que percibirán una Remuneración Total Anual Bruta de dos millones 878,133 pesos en 2027, cifra que representa una reducción de 100% respecto de los cuatro millones 152,196 pesos registrados en el año en curso, nivelando a la baja los ingresos de los impartidores de justicia electoral bajo el argumento oficial de la austeridad republicana. Esta reingeniería fiscal contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación remitido a la Cámara de Diputados confirma la desaparición definitiva de los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada que los ministros de la Corte y los magistrados todavía disfrutan durante 2026. Dentro de la estructura de prestaciones proyectada para 2027, los ministros acumularán un monto de 568,803 pesos que contempla conceptos como aguinaldo, aportaciones a seguridad social, prima vacacional, ahorro solidario, seguro de vida institucional y seguro colectivo de retiro, eliminando por completo las coberturas médicas privadas que el oficialismo califica como privilegios inadmisibles dentro de la administración pública.
La nueva estructura de compensaciones bajo la lupa del gasto público federal
La composición del gasto prestacional para los altos funcionarios del sistema de justicia muestra cómo el régimen reconfigura los tabuladores salariales para ajustarlos a los topes gubernamentales establecidos por el partido en el poder. En el caso específico de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las prestaciones ascenderán a 678,267 pesos integradas por aguinaldo, asignaciones adicionales, aportaciones de seguridad social, prima vacacional, ahorro solidario, prima quinquenal, seguro de vida, seguro de retiro, estímulo de antigüedad y estímulo por el día de la madre o padre, reflejando un desglose minucioso fiscalizado por la Secretaría de Hacienda. En tanto, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial percibirán prestaciones por 578,837 pesos y los integrantes del Órgano de Administración Judicial recibirán 571,288 pesos complementados por un pago de riesgo de 139,500 pesos, montos que evidencian la persistencia de compensaciones específicas indispensables para el funcionamiento operativo de los nuevos órganos surgidos de la reforma judicial, a pesar de la narrativa gubernamental de supresión total de sobresueldos y bonos discrecionales en el aparato estatal mexicano.
(Con información de El Economista)
