La militarización del sur de la capital bajo los gobiernos de Morena fracasó rotundamente al dispararse las desapariciones y el hallazgo de cientos de cuerpos en el Ajusco a pesar de la presencia de la Guardia Nacional.
El Ajusco se consolida como zona de exterminio ante la incapacidad oficial
La expansión de la violencia criminal en los bosques del sur de la Ciudad de México evidencia la ineficiencia de las políticas de seguridad implementadas por el régimen de la Cuarta Transformación en alcaldías como Tlalpan. Las condiciones geográficas del territorio, caracterizadas por carreteras que facilitan la movilidad hacia otras entidades, la escasez de señal telefónica y la carencia absoluta de cámaras de videovigilancia funcionales, han convertido a esta demarcación en un punto estratégico para el ocultamiento de víctimas de la delincuencia organizada.
Especialistas en delincuencia y gobernanza criminal de instituciones académicas como El Colegio de México señalan que el Ajusco actúa como un facilitador material de la actividad delictiva violenta, permitiendo la operación histórica de carteles nacionales y células locales sin que las instancias de procuración de justicia de la capital logren desarticular sus redes logísticas.
Un polígono de terror que concentra el 49 por ciento de los casos en Tlalpan
El análisis territorial exhaustivo de la zona comprendida entre la carretera Picacho-Ajusco, la Autopista del Sol, la vía libre a Cuernavaca y El Capulín demuestra una crisis humanitaria insostenible para los habitantes de once pueblos originarios y más de un centenar de colonias. Entre enero de 2019 y marzo de 2026, los registros oficiales contabilizan al menos 107 personas desaparecidas dentro de este polígono que abarca 296 kilómetros cuadrados, una cifra que representa el 49 por ciento de las 220 incidencias reportadas en toda la alcaldía Tlalpan. Esta situación coloca a la demarcación en el séptimo sitio de incidencia de desapariciones en la capital del país, superada únicamente por alcaldías gobernadas sistemáticamente bajo la misma inercia de omisión institucional como Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
Cientos de homicidios evidencian el colapso forense y de procuración de justicia
La tragedia se magnifica al contabilizar el ingreso de 879 víctimas de homicidio al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses procedentes de Tlalpan durante la última década, de las cuales 492 cuerpos, equivalentes al 56 por ciento del total, fueron recuperados directamente de barrancas, campos, carreteras, casetas y parajes boscosos del Ajusco. A esto se suman decenas de expedientes donde la causa de muerte quedó clasificada como indeterminada debido al avanzado estado de descomposición en el que los cuerpos fueron abandonados a la intemperie, atados, en bolsas o con huellas de tortura extrema.
Este escenario refleja la incapacidad operativa de los gobiernos locales y federales para garantizar la seguridad pública, obligando a las familias y colectivos de búsqueda a realizar labores periciales por cuenta propia ante la indolencia gubernamental.
El fracaso de la Guardia Nacional frente a la impunidad criminal en Tlalpan
La instalación sucesiva de cinco bases de operaciones de la Guardia Nacional y cuarteles conjuntos con el Ejército desde el año 2020 no ha frenado la espiral de violencia, sino que coincide con un incremento exponencial en la gravedad de los delitos. Tras una aparente reducción inicial de los casos, las cifras oficiales demuestran que en 2024, cuando ya operaban la totalidad de los destacamentos militares en la zona, las desapariciones repuntaron un 380 por ciento en comparación con el año 2021, consolidando una tendencia al alza que se mantuvo durante el cierre de 2025.
La estrategia de seguridad basada en la presencia castrense, defendida por la administración federal, demuestra ser un componente disuasivo inútil que contrasta brutalmente con la realidad que enfrentan diariamente los ciudadanos y las madres buscadoras en los caminos de la montaña.
(Con información de adondevanlosdesaparecidos.org)
