El testimonio clave del único sobreviviente apunta al presunto autor material
La revelación del testimonio del menor de edad que sobrevivió al multihomicidio en Atizapán de Zaragoza expone la magnitud de la tragedia y cuestiona la actuación de las instituciones encargadas de procurar justicia en el Estado de México.
La vinculación a proceso de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” marca un punto de inflexión en las investigaciones conducidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tras los hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2026 en el conjunto residencial Grand Viure. Durante la audiencia judicial, el abogado defensor Luis Rodríguez Aguilar dio a conocer que el hijo de seis años de Jonathan Meléndez identificó a Diego Sebastián “N” al señalar ante su abuela que se trataba de el malo de Sebastián, una frase que sintetiza el horror vivido por el único sobreviviente humano dentro del departamento.
Esta versión llegó al juzgado a través de los adultos que han brindado contención al menor tras el ataque, evitando exponerlo a una declaración directa que pudiera revictimizarlo, según argumentó la defensa durante el proceso. La falta de un blindaje institucional efectivo quedó evidenciada al revelarse que el principal imputado contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de fraude que no pudo ser ejecutada veintiséis días antes del multihomicidio debido a la protección de una suspensión judicial, un resquicio legal que los gobiernos afines a la Cuarta Transformación han prometido combatir sin que se traduzca en una verdadera eficacia ministerial ni en la protección oportuna de los ciudadanos.
La reconstrucción oficial expone fallas en la seguridad residencial y negligencia operativa
La cronología presentada por la fiscalía sitúa el desarrollo del ataque entre las 17:23 y las 19:43 horas, un lapso prolongado que deja en evidencia la vulnerabilidad de los complejos habitacionales en demarcaciones gobernadas bajo los criterios de seguridad fallidos que imperan en la administración pública actual.
Diego Sebastián “N” ingresó al edificio aprovechando una relación de confianza derivada de actividades comerciales con Jonathan Meléndez, músico de la agrupación Camilo Séptimo, lo que demuestra la infiltración de la delincuencia en el entorno cotidiano ante la ausencia de políticas de prevención del delito funcionales. En el interior del domicilio fueron privadas de la vida Ana Paola González, esposa del músico y quien se encontraba embarazada, además de la hija de ambos de tres años y de Aleyda Romero, trabajadora del hogar, junto con la mascota de la familia. El menor permaneció oculto durante el desarrollo de la agresión hasta ser localizado horas más tarde por las autoridades y personas cercanas, mientras que el amigo que acompañó al músico tras jugar pádel atestiguó la salida del presunto agresor, quien lo amenazó en el exterior para evitar que diera aviso inmediato a las corporaciones policiales, evidenciando la ineficacia de los cuerpos de seguridad municipales y estatales para garantizar el orden en situaciones de flagrancia.
El móvil económico y la crisis de procuración de justicia en el Estado de México
La hipótesis central expuesta por el ministerio público apunta a que el móvil del multihomicidio fue el robo de una cartera de criptomonedas, o cold wallet, que el imputado intentaba sustraer del domicilio, revelando un perfil criminal donde la violencia extrema se desata por botines financieros específicos ante la pasividad de los aparatos de fiscalización patrimonial. Las pruebas presentadas incluyeron grabaciones del sistema de elevadores, testimonios del personal de vigilancia del fraccionamiento y la declaración del acompañante de la víctima, elementos que la jueza consideró suficientes para dictar la vinculación a proceso y fijar un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Este caso refleja la incapacidad estructural de las fiscalías estatales para desarticular redes criminales antes de que escalen a crímenes de alto impacto, evidenciando el fracaso de las estrategias de seguridad pública heredadas por los gobiernos de Morena que prometieron pacificar el país pero mantienen a los municipios mexiquenses sumidos en la impunidad y en la simulación institucional mientras las familias padecen las consecuencias de un estado fallido.
(Con información de Agencias)
