CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 09 (XPFM).- El gobierno de David Monreal Ávila enfrenta un nuevo y delicado señalamiento: la presunta elaboración de una lista con información personal y sensible de periodistas y activistas considerados críticos de su administración, un caso que, de confirmarse, podría trascender la confrontación política y abrir cuestionamientos sobre un posible uso de información oficial para vigilar, clasificar o controlar a ciudadanos.
La información revelada por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, da a conocer la existencia de documentos presuntamente elaborados desde la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas. De acuerdo con lo expuesto, los registros no se limitarían a identificar a personas incómodas para el gobierno, sino que incluirían datos que podrían ponerlas en una situación de vulnerabilidad.
Entre la información que presuntamente aparece en los documentos se encuentran números telefónicos, direcciones completas, fotografías de domicilios, placas y modelos de vehículos, así como referencias a información de carácter personal. Particularmente grave resulta el señalamiento de que algunos registros contendrían incluso datos relacionados con padecimientos o condiciones de salud mental, información que por su naturaleza requiere una protección especial.
El caso fue detectado durante el informe del gobernador, cuando, según los testimonios difundidos, la información habría sido utilizada para identificar e impedir el acceso al evento a personas consideradas críticas. Si estos documentos fueron efectivamente utilizados como un mecanismo de filtrado político, la pregunta ya no sería únicamente quién elaboró la lista, sino con qué facultades se obtuvo la información y quién autorizó su utilización.
Los registros también contendrían referencias a supuestos “acuerdos” con periodistas y activistas, incluyendo la entrega de apoyos o beneficios para reducir críticas, entre ellos ayudas de carácter personal y posibles gestiones de empleo para familiares dentro de la administración pública. Estas versiones, de comprobarse, dibujarían un esquema preocupante de vigilancia, clasificación y eventual cooptación de voces críticas.
La denuncia adquiere mayor relevancia porque se produce en un estado golpeado por la violencia del crimen organizado. Zacatecas ha enfrentado durante los últimos años una crisis de seguridad marcada por ataques armados, homicidios y episodios de violencia de alto impacto, por lo que la exposición de datos personales de comunicadores y activistas no puede ser tratada como una simple disputa política.
Dar a conocer o concentrar información como domicilios, teléfonos y vehículos de personas que han denunciado públicamente hechos de violencia representa, por sí mismo, un riesgo que debe ser esclarecido. Hasta ahora, una de las principales interrogantes es cuántas personas dentro o fuera del gobierno habrían tenido acceso a estos datos y bajo qué controles se almacenó esa información.
El gobierno de David Monreal ha sido cuestionado durante por la persistencia de la inseguridad y por los resultados de su estrategia frente a la violencia. A ello se han sumado recurrentes críticas por el manejo político de la crisis en Zacatecas y por una administración que, pese al discurso oficial, no ha logrado desprenderse de los cuestionamientos sobre la capacidad institucional para garantizar seguridad y gobernabilidad.
La presunta lista, sin embargo, abre un frente potencialmente más grave. Una cosa es que un gobierno conozca públicamente quiénes son sus críticos; otra muy diferente es que una institución de seguridad concentre datos personales, patrimoniales, de localización e incluso información sensible sobre periodistas y activistas.
Si la información revelada por Ignacio Gómez Villaseñor se confirma, el caso podría representar un serio cuestionamiento sobre el uso de estructuras gubernamentales para vigilar, perfilar o presionar a ciudadanos críticos. Y en un estado donde quienes denuncian la violencia ya enfrentan riesgos externos, la posibilidad de que sus propios datos queden expuestos desde una institución pública convierte el asunto en algo que difícilmente puede ser minimizado.
El gobierno de Zacatecas tendrá que explicar quién elaboró estos registros, de dónde provino la información, con qué fundamento legal fue recopilada y quién tuvo acceso a ella. Porque, de confirmarse la denuncia, el problema no sería solamente una lista negra: sería la posible utilización del aparato institucional para identificar y vulnerar a quienes ejercen la crítica y la libertad de expresión.
