El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que los drones derribados por autoridades estadounidenses en la frontera operan bajo el control de redes de tráfico de migrantes con el objetivo de identificar puntos ciegos en la vigilancia oficial. El titular de la institución castrense detalló que el gobierno mexicano sostiene un despliegue de 165 equipos antidrones en la franja fronteriza, buscando contener una actividad criminal que persiste pese a las cifras oficiales optimistas presentadas desde el poder ejecutivo.
La táctica operativa de los grupos delictivos en la franja norte
La estrategia de los traficantes de personas consiste en el uso sistemático de drones comerciales destinados exclusivamente a la captura de imágenes aéreas para detectar sectores carentes de presencia militar. De acuerdo con las declaraciones del general Trevilla tras las reuniones con el personal de la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, los grupos criminales explotan estos dispositivos para trazar rutas de trasiego humano libres de supervisión estatal, evidenciando una capacidad de adaptación tecnológica que reta la soberanía y la seguridad en la región fronteriza.
Evaluación de la cooperación militar y el adiestramiento extranjero
El mando militar enfatizó que la relación con el comando norte de Estados Unidos mantiene un esquema de coordinación basado en la operación espejo y el intercambio de información técnica. Esta dinámica incluye el despliegue actual de diez mil efectivos de la guardia nacional y tres mil elementos del ejército mexicano, además de programas de adiestramiento conjunto como el que realiza un batallón de fusileros paracaidistas en instalaciones militares estadounidenses, cuya compatibilidad operativa es presentada por el gobierno como un logro en la gestión de seguridad fronteriza.
Resultados bajo el escrutinio de la estrategia militarizada
A pesar del discurso gubernamental que sostiene una reducción del 96 por ciento en el tráfico de migrantes comparado con el año anterior, el general secretario reportó cifras sobre la magnitud de las actividades ilícitas que se mantienen vigentes bajo el actual régimen. El balance operativo desde febrero del año pasado contabiliza catorce mil doscientos setenta detenciones, junto con el aseguramiento de nueve mil ochocientos veintinueve armas de fuego, dos millones de cartuchos, más de nueve toneladas de cocaína y la destrucción de dos mil trescientos laboratorios de concentración de metanfetaminas, datos que exhiben la complejidad del desafío criminal que persiste en el territorio nacional.
(Con información de Apro)
