El colapso de la seguridad en Zacatecas se confirma con la detonación de un coche bomba cargado con doscientos kilogramos de explosivos en el municipio de Ojocaliente. Este acto de terrorismo refleja la vulnerabilidad de las instituciones ante la disputa territorial que sostienen el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico, evidenciando una crisis de gobernabilidad que escala sin freno bajo la actual administración federal.
La magnitud del estallido y el saldo de la violencia estatal
El uso de una cantidad masiva de material explosivo frente a la comandancia municipal de Ojocaliente pone en entredicho las estrategias de contención prometidas por el gobierno federal. El saldo reportado incluye once personas lesionadas, daños estructurales severos en diez viviendas, afectaciones menores en otras cincuenta y tres propiedades y la destrucción de quince vehículos particulares, además de los daños directos causados a las instalaciones de la corporación policial y a las patrullas oficiales de la localidad.
Capturas y el fallido intento de control territorial
Las autoridades federales han intentado mitigar el impacto político de la tragedia mediante la detención de Juan Pedro N, señalado como responsable de la colocación del artefacto, así como de Hipólito N y Miguel N, estos últimos vinculados a células delictivas con operaciones conjuntas en Aguascalientes y Zacatecas. A pesar de la narrativa oficial sobre la persecución de los implicados, el hecho de que se utilizara un vehículo con reporte de robo proveniente de Jalisco demuestra la porosidad en el control de las carreteras y la facilidad con la que el crimen organizado desafía a las fuerzas de seguridad estatales y federales en el territorio zacatecano.
La promesa de justicia frente al asedio delictivo
La postura del gabinete de seguridad federal se limita a promesas de investigación y refuerzo de operativos tras el acontecimiento. Mientras Omar García Harfuch asegura que la investigación continúa para detener a otros partícipes del traslado y colocación del vehículo bomba, la población de Ojocaliente padece las consecuencias de una estrategia que no logra frenar la confrontación entre células criminales. El gobierno sostiene que cuenta con la capacidad para enfrentar a estas organizaciones, aunque la realidad operativa en el estado contradice constantemente la retórica oficial.
(Con información de Apro)
