La crisis de desapariciones en México enfrenta un colapso institucional ante la falta de protocolos claros y la persistente resistencia del gobierno federal para permitir una intervención internacional efectiva en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La inacción gubernamental frente al mandato del comité contra la desaparición forzada
La posible exclusión del caso mexicano de la agenda de la 81.º Asamblea General de la ONU evidencia la postura defensiva y negacionista del Estado mexicano respecto a la crisis humanitaria que registra más de 135,000 personas desaparecidas y 72,000 restos humanos sin identificar. El Comité contra la Desaparición Forzada activó el artículo 34 de la Convención Internacional en marzo pasado al hallar indicios de desapariciones generalizadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, vinculando en diversos casos a servidores públicos con el crimen organizado.
La resistencia diplomática y el bloqueo de la verdad
La dirección ejecutiva de Amnistía Internacional México advierte que, pese a la notificación enviada por el secretario general António Guterres a los estados miembros desde el 12 de mayo, el tema permanece ausente de la agenda oficial debido a la falta de voluntad política de las autoridades mexicanas para reconocer la gravedad del colapso de seguridad. La omisión de este debate impide el establecimiento de mecanismos de cooperación técnica y asistencia forense especializada, dejando a las víctimas en un estado de indefensión crónica frente a una estrategia oficial que prioriza la imagen pública sobre el esclarecimiento de la verdad.
El laberinto procesal como estrategia de dilación
La ausencia de un procedimiento definido para la activación del artículo 34 es utilizada actualmente como un mecanismo de contención por los actores involucrados, complicando la exigencia de una intervención que obligue al Estado mexicano a aceptar un sistema de protección para familias y defensores. Ante la inminencia del periodo de sesiones que arranca este 8 de septiembre, organizaciones sociales y colectivos han propuesto que la Tercera Comisión de la ONU asuma la responsabilidad de establecer un procedimiento claro que permita, eventualmente, la adopción de medidas mediante una comisión experta independiente encargada de auditar la crisis mexicana.
La alternativa de la tercera comisión como última instancia de presión
En caso de que el tema sea evadido durante el actual periodo de sesiones, el informe que el presidente del Comité presentará entre octubre y noviembre de 2026 ante la Tercera Comisión se perfila como una vía paralela para forzar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales. La exigencia de asignar recursos suficientes y un marco de cooperación técnica no constituye una agresión a la soberanía, sino una medida urgente de protección humana ante un régimen que ha demostrado incapacidad operativa para frenar la desaparición forzada en el territorio nacional.
(Con información de El Economista)
