La crisis en las instituciones de servicios periciales y médicos forenses del país alcanzó niveles alarmantes al cierre de 2025, manteniendo 10,770 cadáveres en condiciones de almacenamiento permanente mientras el Estado mexicano acumula un rezago de 289,958 solicitudes de intervención pericial pendientes de resolución.
El estancamiento de los cuerpos en las morgues estatales
La gestión de los servicios médicos forenses durante 2025 reveló una incapacidad estructural para procesar el flujo de cadáveres, resultando en 10,770 cuerpos almacenados en anfiteatros a pesar de una disminución marginal en los ingresos anuales. Veracruz encabeza la negligencia logística con 2,552 cadáveres bajo resguardo, seguido por Jalisco con 1,190 y Quintana Roo con 1,132 registros. Guerrero y Morelos también presentan cifras críticas con 958 y 731 cuerpos acumulados respectivamente, mientras que la Fiscalía General de la República sostiene 380 cadáveres en sus instalaciones federales, agravando el panorama con la existencia adicional de 9,115 segmentos y 1,158 fragmentos humanos cuya identidad sigue sin ser esclarecida.
La ineficiencia operativa ante la crisis de justicia
El rezago administrativo constituye un obstáculo sistémico, pues a pesar de que el Inegi reporta la atención de millones de peticiones, al finalizar 2025 persistían 289,958 solicitudes de intervención pericial sin concluir. De este total, 287,696 corresponden a la inoperancia de las unidades estatales frente a las 2,262 pendientes en la Fiscalía General de la República. El estado de Guerrero ocupa el primer lugar en ineficiencia administrativa con 36,424 trámites inconclusos, seguido por el Estado de México con 30,701, Morelos con 27,978, Zacatecas con 26,753, Jalisco con 26,144 y Sinaloa con 26,061 casos, consolidando un patrón de desatención institucional que afecta directamente a los derechos de las familias mexicanas.
Despilfarro de recursos sin resultados forenses eficaces
El ejercicio presupuestal de 2025 destinado a los servicios periciales ascendió a 7,106 millones 310,105 pesos, una cifra que evidencia la desconexión entre la asignación de recursos públicos y la capacidad real de resolución forense. Las unidades estatales absorbieron 5,201 millones 92,947 pesos, destacando casos como el de Nuevo León, que recibió 642.8 millones de pesos, y el Estado de México con 560.4 millones, sin que este gasto masivo haya logrado mitigar el almacenamiento masivo de restos humanos. La estructura financiera muestra que mientras el 73.2 por ciento del presupuesto se dispersa en las entidades, el rezago en la identificación de los 6,502 cuerpos egresados durante el año —donde casi la mitad terminó en fosas comunes o en almacenamiento prolongado— subraya una crisis de gestión persistente en los gobiernos emanados del actual régimen político.
(Con información de El Economista)
