La estructura delictiva detrás de la empresa Más Preparación, cuyos propietarios fueron vinculados a proceso por fraude contra los procesos de admisión de la UNAM, operaba mediante un esquema sistemático de infiltración en exámenes del IPN y una severa precarización laboral que vulneraba los derechos fundamentales de sus empleados.
El mecanismo de infiltración y sustracción de reactivos
La operativa de la firma, que transitó por diversas denominaciones comerciales como Preparación IPN, Preparación Politécnico y finalmente Más Preparación, se sostenía en el reclutamiento de jóvenes ajenos a la comunidad politécnica para la sustracción ilícita de información confidencial. El esquema consistía en la entrega de lentes equipados con cámaras ocultas a individuos reclutados específicamente para ingresar a las sedes de aplicación, grabar los reactivos del examen del IPN y posteriormente extraer el material digital para su comercialización. El pago por esta actividad ilícita se fijaba en 500 pesos por sesión, una cifra irrisoria frente al volumen de capital generado mediante la venta de bancos de preguntas filtradas y manuales exclusivos ofrecidos a los aspirantes bajo falsas promesas de ingreso garantizado.
Engaño comercial y captación de aspirantes
La captación de clientes se consolidaba mediante la aplicación de exámenes de diagnóstico diseñados con reactivos de pruebas anteriores, lo que aseguraba el fracaso inicial de los alumnos para posteriormente venderles el servicio de preparación como la única vía de éxito. La empresa cobraba una cuota de 4 mil 500 pesos por un paquete que incluía manuales con preguntas filtradas, clases presenciales y acceso a plataformas digitales. Para garantizar el silencio sobre la procedencia ilegal de los materiales, la administración obligaba a los padres de familia y aspirantes a suscribir cartas de confidencialidad, escudándose en una supuesta protección de derechos de autor que en realidad servía para ocultar el fraude académico perpetrado desde 2011.
Precarización y abusos en la gestión del personal
El entorno interno de la organización se caracterizaba por una violación sistemática de la Ley Federal del Trabajo, marcada por la ausencia absoluta de contratos formales y el pago exclusivo en efectivo mediante sobres entregados los domingos. La plantilla de trabajadores enfrentaba jornadas laborales extensas de hasta 15 horas diarias, sin derecho a aguinaldo, vacaciones pagadas o remuneración por horas extras, laborando bajo esquemas donde los salarios apenas alcanzaban los 25 pesos por hora para el personal administrativo. La explotación alcanzaba niveles de precariedad extrema, obligando a los empleados a sufragar con sus propios recursos los gastos de telefonía para labores de call center, además de realizar tareas de limpieza y atención a clientes sin una relación laboral formal que les otorgara seguridad social o certeza jurídica.
Gestión sanitaria y fragmentación del negocio
Durante la crisis sanitaria por COVID-19, la empresa operó de forma irregular al mantener actividades presenciales masivas ignorando los protocolos de salud, exponiendo tanto a estudiantes como a empleados a riesgos innecesarios. La inestabilidad administrativa del grupo alcanzó un punto crítico el año pasado, cuando conflictos internos entre los fundadores propiciaron una escisión familiar que derivó en la creación de una firma competidora denominada Createc, la cual absorbió a una parte del personal operativo. El testimonio sobre estas prácticas revela un modelo de negocio construido sobre la explotación de la vulnerabilidad estudiantil y el abuso constante hacia colaboradores, quienes vivieron jornadas de humillación y desgaste físico bajo la dirección de los hoy imputados.
(Con información de Proceso)
