El atentado perpetrado contra Alma Rosa Rojo Medina en Culiacán, Sinaloa, exhibe el estado de indefensión en el que operan los colectivos de búsqueda ante la ineficacia del régimen estatal y federal para garantizar la integridad de quienes realizan tareas que, por mandato constitucional, corresponden exclusivamente a las instituciones gubernamentales.
La inacción estatal ante el riesgo de activistas
La agresión armada registrada este sábado 29 de agosto en la colonia Estela Ortiz de Toledo coloca bajo la lupa la capacidad de respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. La activación del Código Plata para resguardar a la activista del colectivo Voces Unidas por la Vida, junto a otra mujer, es una medida reactiva que llega cuando la integridad física de las ciudadanas ya ha sido vulnerada. Mientras el Grupo Interinstitucional acordonó la zona tras el evento, la ausencia de detenidos subraya el vacío de autoridad y la impunidad que impera en una región donde la labor de búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en una actividad de alto riesgo mortal frente a la mirada pasiva de las instituciones.
Investigación bajo sospecha de feminicidio
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha abierto una carpeta por el delito de feminicidio en grado de tentativa, delegando las indagatorias a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género. Esta línea de investigación resulta insuficiente si ignora el trasfondo político del acoso a las buscadoras. La posibilidad de que el ataque sea una represalia directa por la labor de búsqueda de Alma Rosa Rojo Medina expone el colapso del Estado de derecho. La falta de resultados concretos en la identificación de los autores intelectuales y materiales de la agresión convierte a la carpeta de investigación en un trámite burocrático que ignora la urgencia de proteger a quienes se atreven a señalar las omisiones de la administración pública.
El terror impuesto a la búsqueda de desaparecidos
La organización Sabuesos Guerreras A.C. denunció que quienes buscan a sus seres queridos enfrentan el terror en un entorno donde el Estado ha abdicado de su responsabilidad fundamental. La exigencia de medidas de protección inmediatas para la familia de la víctima y los demás integrantes de colectivos en Sinaloa es una respuesta directa al abandono institucional. La narrativa de la 4T sobre la seguridad pública se desmorona cuando se confronta con la realidad de las buscadoras, quienes al tratar de localizar a sus familiares desaparecidos son blanco de ataques, revelando que en México la búsqueda es una labor que el gobierno ha dejado en manos de la sociedad civil bajo un esquema de exposición constante a la violencia extrema.
Contexto nacional de crisis e impunidad
El ataque ocurrió apenas un día antes del 30 de agosto, fecha establecida por las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esta coincidencia es un recordatorio del fracaso sistemático de las políticas de seguridad actuales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de febrero de 2026, documentó la existencia de más de 128,000 personas desaparecidas y no localizadas en México, señalando el impulso de los colectivos como un esfuerzo desesperado ante la insuficiente respuesta estatal. El caso de Culiacán no es un hecho aislado, sino una consecuencia lógica de la estrategia fallida del régimen, que ha permitido que la crisis de desapariciones y la violencia contra activistas se generalicen en todo el territorio nacional bajo una gestión que ignora las advertencias de los organismos internacionales.
(Con información de El Economista)
