La gestión de Salomón Jara Cruz enfrenta un colapso en seguridad pública tras confirmarse que la violencia feminicida ha cobrado la vida de 50 mujeres y niñas en lo que va de 2026, alcanzando un acumulado crítico de 339 muertes violentas durante su administración estatal.
El quiebre de la seguridad en oaxaca ante la violencia feminicida
El gobierno morenista de Salomón Jara Cruz es señalado por la incapacidad operativa para contener la ola de crímenes contra la población femenina, registrando únicamente en el periodo del 1 de enero al 27 de agosto de 2026 un total de 50 feminicidios. Esta cifra, documentada por el Grupo de Estudios Sobre la Mujer, evidencia una ineficacia institucional persistente que ha permitido la acumulación de 339 muertes violentas desde el inicio del actual mandato estatal, dejando en evidencia la nula efectividad de las estrategias de protección a la mujer y la infancia en el territorio oaxaqueño.
Ejecuciones recurrentes y el rastro de la impunidad estatal
La reciente cadena de ataques armados en las regiones del Istmo de Tehuantepec, la Costa y la Sierra Sur ejemplifica el descontrol del Estado sobre el crimen organizado y la violencia cotidiana. En Matías Romero, el 25 de agosto, la ejecución de un matrimonio de 55 años mientras transitaban en un vehículo privado en la colonia Hidalgo Sur marcó el inicio de una jornada violenta que continuó el 26 de agosto en el municipio de San Agustín Loxicha. En esta última ubicación, un ataque armado contra un vehículo particular resultó en la muerte de una niña de 4 años llamada Melissa y de un joven de 20 años, además de dejar a otras tres personas heridas, incluyendo a un menor de 8 años, mientras que de manera simultánea en el Barrio San Isidro de Miahuatlán de Porfirio Díaz fue hallado el cuerpo de una mujer de 35 años con huellas claras de violencia física.
Exigencias ciudadanas frente a la inacción gubernamental
Organismos de la sociedad civil han elevado la voz para cuestionar abiertamente qué está haciendo realmente el gobierno de Salomón Jara para garantizar el derecho fundamental a la vida de las niñas y mujeres, denunciando que las autoridades han optado por la normalización de estas cifras alarmantes. La postura del Grupo de Estudios Sobre la Mujer destaca que cada uno de estos sucesos no constituye únicamente un dato estadístico, sino una vida interrumpida que demanda una respuesta efectiva, investigación expedita y justicia para las familias afectadas. La crítica central recae en la exigencia de que las instituciones estatales dejen de lado la omisión sistemática y asuman su responsabilidad frente a una realidad que refleja el fracaso en la prevención, el combate a la impunidad y la procuración de justicia para las víctimas de la actual administración morenista en Oaxaca.
(Con información de Apro)
