CIUDAD DE MÉXICO, agosto 27 (XPFM).- La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) quedó bajo investigación por un presunto esquema de triangulación de recursos por alrededor de 280 millones de pesos, dinero que habría sido movilizado mediante una fundación, inmobiliarias y una agencia de publicidad.
El secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes Hernández, informó que la dependencia presentó dos denuncias, una ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y otra ante la Fiscalía General de la República (FGR), por posibles delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
De acuerdo con el funcionario, el esquema habría permitido dispersar recursos de la universidad a través de terceros. Entre las operaciones detectadas está el pago a personas que trabajaban para la UPAV mediante una agencia de publicidad, bajo conceptos como “servicios de publicidad”, pese a que sus funciones estaban relacionadas con la institución educativa.
Reyes Hernández señaló que los recursos involucrados fueron administrados mediante la Fundación EDAL y que también participaron distintas empresas utilizadas para mover el dinero. La Secretaría de Finanzas sostiene que el monto sujeto a investigación ronda los 280 millones de pesos.
El secretario afirmó además que ya existe una persona identificada como presunto responsable del esquema, aunque evitó revelar su nombre y dejó en manos de las fiscalías la información sobre los posibles involucrados y el avance de las investigaciones.
El caso toma una dimensión federal porque la FGR ya recibió una denuncia. Ahora corresponderá al Ministerio Público determinar la ruta que siguieron los recursos, establecer si existió un mecanismo deliberado para ocultar su origen o destino y deslindar responsabilidades. Así mismo, la sociedad veracruzana espera que las investigaciones lleguen a los altos mandos que permitieron ese delito y que no solo sean charales los peses que caigan en manos de la justicia.
La investigación también coloca bajo escrutinio a la Fundación EDAL, cuyo representante legal ha sido identificado públicamente como Juan Carlos Montero Grajales, aunque cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades competentes.
El monto de 280 millones de pesos convierte el caso en uno de los mayores cuestionamientos recientes sobre el manejo financiero de la UPAV. La investigación deberá esclarecer cuánto dinero fue efectivamente desviado, quién autorizó las operaciones, quiénes recibieron los recursos y quiénes participaron en el mecanismo de triangulación.
