CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (XPFM).- El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene facultades para monitorear la cobertura de precampañas y campañas, pero su nueva metodología para el proceso electoral 2026-2027 incorpora criterios que podrían ir más allá de una medición objetiva de la información difundida.
El documento plantea registrar expresiones consideradas como “ironía o sarcasmo”, “minimización”, “infantilización”, “cuestionamiento implícito de legitimidad” y “asociación negativa por identidad” cuando se refieran a personas precandidatas o candidatas.
El problema es que varias de esas categorías son subjetivas y pueden abarcar expresiones propias de la crítica política. Cuestionar la capacidad de un candidato, su trayectoria, sus resultados o sus propuestas no constituye por sí mismo violencia política ni una conducta ilícita.
La preocupación aumenta al incluir el sarcasmo y la ironía, recursos habituales del periodismo y del debate público. Una autoridad electoral no debería convertirse en árbitro del tono que pueden utilizar periodistas y medios para cuestionar a quienes buscan un cargo público.
También llama la atención que el INE registre si periodistas y conductores “condenan” las agresiones contra candidaturas. Informar sobre un hecho y emitir una postura editorial son actividades diferentes; obligar indirectamente a adoptar determinada posición podría afectar la independencia periodística.
La Constitución, particularmente en sus artículos 6 y 7, protege la libertad de expresión y prohíbe restricciones indirectas a la circulación de ideas. La jurisprudencia electoral también ha establecido que las personas que participan en la vida pública deben tolerar un mayor grado de crítica.
Combatir la violencia política es necesario, pero no puede convertirse en un blindaje frente al escrutinio periodístico.
El riesgo está en que categorías ambiguas terminen generando autocensura: que periodistas y medios comiencen a preguntarse qué expresiones podrían ser clasificadas como “descalificación” antes de decidir qué investigar, cuestionar o publicar.
El INE puede y debe monitorear la cobertura electoral. Lo que debe evitar es que el monitoreo termine convirtiéndose en una evaluación institucional de qué críticas son aceptables y cuáles no.
