La reciente explosión de una pipa de gas LP en la colonia Las Granjas ha revelado una serie de omisiones críticas en la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Coordinación Estatal de Protección Civil, que apuntan a una posible protección institucional hacia la empresa Tomza Gas Titanium.
Irregularidades en la carpeta de investigación de la fiscalía
La Fiscalía General del Estado de Morelos, bajo la gestión de Fernando Blumenkron Escobar, ha sido señalada por Eduardo Núñez Morales, abogado de las víctimas, debido a la ausencia total de los 120 dictámenes periciales que la autoridad afirmó haber realizado sobre el siniestro.
Tras la revisión de una copia cotejada de la carpeta de investigación, compuesta por más de 600 fojas, se constató que no existe ningún dictamen rendido en los archivos oficiales. El expediente únicamente contiene informes internos de peritos de la propia dependencia que reconocen la carencia de capacidad técnica para abordar el incidente, solicitando apoyo externo a la Fiscalía General de la República el pasado 14 de agosto, sin que hasta la fecha exista constancia de una respuesta o intervención de la instancia federal. La investigación se mantiene centrada exclusivamente en el punto de ignición, ignorando las causas fundamentales que provocaron el vaciado del gas en la vía pública, así como la falta de peritajes sobre el estado del tanque, las válvulas y las condiciones mecánicas de la unidad siniestrada.
Opacidad administrativa sobre Tomza Gas Titanium
Las autoridades estatales han fallado en la integración de datos básicos sobre la empresa involucrada en la tragedia, obstaculizando la acción de la justicia y la rendición de cuentas.
No constan en el expediente de la Fiscalía los datos de identificación fiscal, la personalidad jurídica ni la póliza de seguro de Tomza Gas Titanium, documentos cuya solicitud fue requerida desde el día del suceso. Pese a que la Fiscalía giró un oficio con carácter de urgente el 7 de agosto para recabar dicha documentación en las instalaciones de la empresa, no existe constancia alguna de que la diligencia se haya llevado a cabo. De igual manera, se denunció la omisión en la investigación sobre el resguardo irregular de otras pipas de la misma compañía en un encierro ubicado en Coatetelco, lo que refuerza la percepción de una actuación ministerial deficiente frente a los intereses de la empresa privada.
Cuestionamientos a la coordinación estatal de protección civil
La gestión de Ubaldo González Carretes en la Coordinación Estatal de Protección Civil enfrenta severos cuestionamientos por permitir que la empresa continúe operando tras el percance sin medidas preventivas.
Resulta inexplicable para la defensa de los afectados que la dependencia no haya ordenado una clausura temporal o una suspensión de actividades mientras se esclarecen las condiciones de seguridad en las que opera Tomza Gas Titanium. Además, se denunció el incumplimiento del calendario legal de inspecciones, ya que, según la Ley de Protección Civil del Estado, estas debieron realizarse durante los primeros tres meses del año, y no programarse para septiembre, como alegó el titular de la dependencia tras el siniestro. Las víctimas han exigido acceso inmediato al expediente de la compañía, el número de unidades en circulación, sus antecedentes y las observaciones detectadas en inspecciones previas, otorgando un plazo de tres días para obtener respuestas antes de recurrir a la justicia federal mediante el juicio de amparo.
Búsqueda de una reparación integral bajo estándares de la SCJN
Ante la inacción gubernamental, los afectados han planteado la aplicación del concepto de daño punitivo para garantizar que la reparación del daño supere la simple compensación material.
Tomando como referencia los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos directos 30/2013 y 31/2013, la estrategia legal sostiene que la afectación a la integridad física y el riesgo al que la empresa expuso a la sociedad deben ser valorados como daños extrapatrimoniales. Bajo este esquema, la reparación no se limita a un reembolso por bienes materiales, sino que busca establecer un efecto disuasivo mediante una multa calculada conforme a la gravedad de la omisión y la capacidad económica de la empresa. Este planteamiento subraya la necesidad de que la investigación no solo sancione el incidente, sino que siente un precedente ante el incumplimiento sistémico de las normas de seguridad.
(Con información de Proceso)
