CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (XPFM).- La consulta pública sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias recibió un rechazo mayoritario. De los 8 mil 889 comentarios registrados, 82.2% se pronunciaron en contra, mientras que apenas 9.7% expresaron una opinión favorable.
El análisis de las participaciones fue realizado por la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), luego de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) habilitara un espacio para que audiencias, concesionarios, especialistas, académicos, organizaciones civiles y ciudadanos presentaran comentarios o documentos sobre la propuesta.
De acuerdo con el procesamiento de las opiniones, 6.1% de los participantes planteó una postura intermedia y 2% no fijó una posición.
Uno de los principales reclamos fue que los lineamientos podrían convertirse en una herramienta de censura. Dos de cada tres comentarios, equivalentes al 66%, señalaron alguna preocupación relacionada con la posibilidad de que el gobierno limite o controle la libertad de expresión, aun cuando el proyecto no utiliza expresamente el término “censura”.
Entre los comentarios recopilados aparecen expresiones como que la propuesta representa una “herramienta de censura” o una “censura disfrazada”.
Preocupa que el Estado determine qué es verdad
Otra de las preocupaciones más frecuentes, presente en 34.2% de las participaciones, fue la percepción de que las audiencias no habían solicitado que el gobierno decidiera qué contenidos deben considerarse verdaderos, falsos o descontextualizados.
En 24.6% de los comentarios se cuestionó directamente la posibilidad de que el Estado determine qué debe considerarse como verdad en los contenidos informativos.
También hubo críticas a la falta de autonomía de la CRT. Un 14.8% de las participaciones cuestionó que el órgano regulador dependa del gobierno y pueda convertirse, bajo este esquema, en juez y parte en la aplicación de las nuevas disposiciones.
Otro punto señalado fue que las obligaciones recaerían principalmente sobre los concesionarios y medios de comunicación, mientras que la comunicación oficial del propio gobierno quedaría fuera de un mecanismo similar de evaluación. Esta crítica apareció en 11.5% de los comentarios analizados.
Presentaron más de 2 mil 500 páginas de propuestas
Además de los comentarios, 271 participantes adjuntaron documentos que, en conjunto, sumaron 2 mil 523 páginas.
Entre los materiales se encuentran 48 pronunciamientos suscritos por organizaciones de la sociedad civil, universidades, colegios de profesionistas, cámaras industriales y medios de comunicación.
Uno de los documentos más amplios fue presentado por Artículo 19, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Perteneces A.C., junto con decenas de organizaciones. En él se plantean modificaciones específicas y mecanismos para garantizar que los lineamientos no sean utilizados para censurar o controlar los contenidos de los medios.
El análisis señala que ahora corresponderá al gobierno determinar si toma en cuenta las opiniones y propuestas presentadas durante la consulta.
El resultado, sin embargo, deja un dato central: la mayoría de quienes participaron expresó su rechazo a los lineamientos y manifestó preocupación por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
La decisión que adopten las autoridades frente a estas opiniones permitirá conocer si la consulta fue utilizada como un mecanismo efectivo de participación ciudadana o si, como ocurrió en otros ejercicios cuestionados durante administraciones anteriores, las decisiones ya estaban tomadas antes de escuchar a la ciudadanía.
Publicación completa: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
