La reciente reincorporación y posterior nueva licencia de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa ha desencadenado una crisis de gobernabilidad sin precedentes, provocando movilizaciones ciudadanas y la exigencia del sector empresarial por un relevo que garantice independencia, solvencia moral y capacidad técnica frente al evidente vacío de poder estatal.
El rechazo social ante la crisis de legitimidad
La manifestación denominada por la dignidad de los sinaloenses reunió a ciudadanos y representantes de oposición en la explanada del Palacio de Gobierno, donde las consignas de rechazo se centraron en impedir que el grupo político de Rocha Moya mantenga el control del Poder Ejecutivo. Este sector de la población exige que el Congreso estatal abandone la subordinación partidista para privilegiar la designación de un perfil que posea una trayectoria intachable y la capacidad necesaria para rescatar a la entidad de la creciente inseguridad y la incertidumbre institucional, cuestionando la validez del regreso del gobernador tras los señalamientos internacionales por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La presión del sector privado por la certidumbre jurídica
Los organismos empresariales, encabezados por el Consejo Sinaloense de Empresarios y el Consejo Intercamaral de Culiacán, han elevado la voz para demandar que los legisladores actúen con responsabilidad ante la fragilidad del estado. La iniciativa privada subraya que la improvisación política ha deteriorado las condiciones de seguridad y la estabilidad económica, por lo que sostienen que cualquier nombramiento debe priorizar el interés común sobre los cálculos de facción, buscando un perfil que recupere la confianza de los inversionistas y la gobernabilidad necesaria para frenar el impacto negativo derivado de la actual parálisis administrativa.
El desmarque de la presidencia y la parálisis legislativa
La controversia alcanzó el nivel federal cuando Claudia Sheinbaum calificó el breve retorno de Rocha Moya como una decisión imprudente y poco pertinente, deslindándose públicamente de las acciones del mandatario estatal. Mientras la presidencia cuestiona la gestión del conflicto, el Congreso de Sinaloa ha postergado indefinidamente la sesión extraordinaria destinada a definir al sustituto, evidenciando una incapacidad operativa para gestionar la crisis tras la aprobación unánime de la licencia temporal e indefinida otorgada el pasado domingo, dejando al estado en un limbo político mientras la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación mantiene en pausa el proceso de designación.
(Con información de El Economista)
