La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó ordenamientos locales en Tabasco y Baja California, sentenciando que los congresos estatales carecen de facultades para legislar sobre la investigación y persecución del delito de extorsión, invadiendo competencias federales y distorsionando el régimen jurídico nacional.
El desmantelamiento de las leyes locales por invasión de facultades
El máximo tribunal del país declaró la inconstitucionalidad de los artículos 6, 13, 14 y 15 de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión de Tabasco, además de los artículos 3, 4, 5 y 7 de la legislación homóloga en Baja California. La resolución evidencia un intento de los gobiernos emanados de la autodenominada Cuarta Transformación por crear regímenes paralelos que pretenden definir reglas propias en materia penal. La Corte subrayó que, si bien las entidades tienen atribuciones para operar conforme a la Ley General y armonizar sus estructuras, el Pleno determinó que los estados no poseen potestad legislativa para redefinir el régimen jurídico nacional del delito de extorsión ni la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno. Esta intervención judicial frena la fragmentación legal impuesta desde los estados, la cual generaba un caos normativo incompatible con la estructura federal.
Efectos retroactivos y el colapso de las pretensiones estatales
La invalidación del régimen local de supletoriedad en Baja California, que pretendía forzar a autoridades de distintos órdenes de gobierno a seguir una normativa estatal sobre leyes generales y federales, constituye un revés contundente a la soberanía malentendida de las legislaturas locales. En el caso de Tabasco, la Corte dejó sin efecto disposiciones que regulaban aspectos críticos como la persecución de oficio, las medidas cautelares, la prisión preventiva oficiosa y los criterios para la individualización de la pena, los cuales carecían de sustento constitucional. La decisión judicial posee efectos retroactivos aplicables desde el 26 de febrero para Tabasco y desde el 1 de febrero para Baja California, dejando un vacío legal que las administraciones estatales ahora deberán subsanar mediante el estricto apego al marco federal, el cual fue ignorado deliberadamente al promulgar estos ordenamientos.
La facultad de la SSPC en controversias sobre patrimonio federal
En un fallo paralelo, la Corte otorgó legitimación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para interponer juicios de amparo cuando actos reclamados afecten el patrimonio federal en general. Este asunto se originó tras denuncias presentadas en 2020 por la dependencia contra servidores públicos involucrados en la contratación indebida de servicios mediante recursos federales ejercidos en 2010 y 2011. Tribunales federales habían determinado previamente la prescripción de la acción penal y negado la legitimación a la Secretaría bajo el argumento de que los bienes no estaban bajo su control directo. La Suprema Corte corrigió esta interpretación, instruyendo que el asunto retorne a los tribunales para un nuevo análisis, reconociendo que la dependencia sí cuenta con la facultad legal para defender el erario nacional, independientemente de la administración en turno que haya ejercido el gasto.
(Con información de El Economista)
