CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (XPFM).- Una nueva investigación de Latinus coloca nuevamente bajo escrutinio al círculo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, pero ahora con un elemento particularmente delicado: audios que, de acuerdo con el medio, exhiben presuntos contactos de los hermanos Amílcar y Luis Alberto Olán con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El reportaje, presentado por Carlos Loret de Mola, sostiene que una grabación de 2023 muestra a Amílcar Olán —identificado desde investigaciones anteriores como un personaje cercano a Andy y a su hermano Gonzalo— hablando sobre la intervención de su hermano Luis Alberto para establecer contactos con integrantes del grupo criminal. La versión difundida por Latinus señala que esos vínculos habrían servido para enfrentar problemas de extorsión relacionados con una mina de balasto en el sur de Veracruz.
En las conversaciones aparece el nombre de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, a quien la investigación identifica como operador del CJNG. Según los audios difundidos, Luis Alberto Olán habría presumido su cercanía con este personaje y la capacidad de ese contacto para solucionar el problema de extorsión que afectaba una actividad empresarial.
La relevancia política del caso no está únicamente en los presuntos contactos con una organización criminal. Está en que Amílcar Olán forma parte del entramado empresarial que Latinus ha documentado desde 2024 alrededor de los hijos de López Obrador, particularmente en negocios relacionados con el suministro de balasto para obras ferroviarias. Investigaciones previas también han señalado contratos y operaciones vinculadas con el Tren Maya y el Tren Interoceánico.
Los nuevos audios, por tanto, agregan una dimensión mucho más grave a una historia que hasta ahora había estado dominada por señalamientos de tráfico de influencias y negocios alrededor de obras públicas. Ahora aparece en el relato la presunta utilización de contactos con una estructura criminal para proteger intereses económicos. Eso no equivale, por sí mismo, a demostrar que Andy López Beltrán o sus hermanos tengan vínculos directos con el CJNG; hasta ahora, lo difundido apunta a personas de su círculo cercano y a presuntas conversaciones entre empresarios.
El propio contenido de las grabaciones deberá ser sometido a una verificación independiente y, en su caso, a una investigación formal de las autoridades. Pero la gravedad de lo expuesto obliga a una pregunta elemental: ¿por qué personas identificadas como cercanas al entorno de los hijos del expresidente aparecen hablando de contactos con operadores criminales como mecanismo para resolver problemas de negocios?
La pregunta adquiere mayor peso porque el balasto no es un negocio menor dentro de la historia de “El Clan”. Latinus ha señalado previamente que Amílcar Olán obtuvo contratos relacionados con el suministro de este material para proyectos ferroviarios, mientras que documentos y reportes difundidos anteriormente han colocado sus actividades empresariales en obras emblemáticas del obradorismo.
La nueva revelación también vuelve a poner bajo presión el discurso de “no tenemos nada que ver” que los hermanos López Beltrán han utilizado para rechazar las investigaciones sobre su círculo de negocios. La existencia de relaciones personales o empresariales con terceros no prueba automáticamente una conducta ilícita de los hijos del expresidente, pero sí vuelve cada vez más difícil despachar todas las revelaciones como simples ataques políticos.
El asunto adquiere todavía mayor relevancia porque Andy López Beltrán pretende consolidar su presencia política rumbo a 2027. Latinus ha reportado que se perfila para competir por una diputación federal en Tabasco. El contraste resulta inevitable: mientras busca avanzar en su carrera política, el entorno empresarial que ha sido asociado con él vuelve a aparecer en investigaciones que ahora incluyen presuntos contactos con el crimen organizado.
Por ello, el punto central ya no es únicamente cuánto dinero hicieron los integrantes de “El Clan” ni qué contratos obtuvieron. La nueva investigación plantea una cuestión mucho más delicada: si existieron contactos entre empresarios cercanos a Andy y operadores del CJNG, quién los conocía, para qué se utilizaron y si alguna autoridad investigará de manera seria esas conexiones.
Mientras no existan investigaciones oficiales que determinen responsabilidades, sería irresponsable afirmar que Andy López Beltrán o sus familiares tienen vínculos con el CJNG. Pero también sería insuficiente reducir los audios a una nueva confrontación entre el gobierno y Latinus. Lo que se está revelando exige respuestas, no descalificaciones: si los audios son auténticos y los contactos ocurrieron, corresponde esclarecer quiénes participaron, qué negocios estaban de por medio y hasta dónde llegó esa relación.
