CIUDAD DE MÉXOCO, agosto 18 (XPFM).- Las cifras oficiales de seguridad del primer semestre de 2026 enfrentan nuevas dudas. Un análisis de Causa en Común detectó inconsistencias en los registros reportados por las fiscalías al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al grado de identificar alertas en los diez delitos de alto impacto revisados.
El problema no es únicamente que algunas entidades reporten aumentos o reducciones extraordinarias, sino que existen variaciones difíciles de explicar. Zacatecas, por ejemplo, registró una caída de 62% en homicidio doloso, mientras Nayarit reportó una reducción de 82% en feminicidios y Zacatecas, en contraste, un incremento de 600%. En extorsión, Aguascalientes informó una disminución de 94%, mientras Chihuahua presentó un aumento de 2,325%.
Para Causa en Común, estos saltos estadísticos ameritan revisión, pues una reducción administrativa no necesariamente significa que el delito haya disminuido en la misma proporción.
El riesgo es mayor cuando algunas entidades llegan a reportar cero casos en delitos como secuestro, trata de personas o robos violentos. Nayarit, por ejemplo, aparece sin víctimas de trata y sin robos a transeúnte o transportista con violencia, cifras que plantean dudas sobre si realmente desaparecieron esos delitos o simplemente dejaron de registrarse de la misma manera.
El homicidio doloso concentra buena parte de las alertas. Causa en Común destaca que durante 2025 el INEGI contabilizó 27,989 asesinatos, mientras que el SESNSP reportó 24,344 víctimas de homicidio doloso y feminicidio: una diferencia de 3,645 víctimas. La discrepancia no prueba por sí misma una manipulación, pero sí exhibe que las distintas fuentes oficiales no cuentan exactamente la misma historia sobre la violencia letal.
A esto se suma una alerta particularmente delicada: la posible reclasificación de delitos. San Luis Potosí reportó 30 víctimas de homicidio doloso, pero 136 bajo la categoría de “otros delitos contra la vida”; Guanajuato registró 13 víctimas de feminicidio frente a 100 mujeres víctimas de homicidio doloso; y la Ciudad de México reportó cinco víctimas de secuestro, pero mil 735 bajo “otros delitos contra la libertad”. La forma en que se clasifica un hecho puede terminar modificando sustancialmente la fotografía de la inseguridad.
El feminicidio ofrece otro ejemplo de la distancia entre los registros y la realidad documentada. Mientras Puebla reportó oficialmente cinco víctimas, Causa en Común documentó al menos 15 asesinatos de mujeres con crueldad extrema. El contraste alimenta la preocupación por un posible subregistro y obliga a preguntar cuántos casos quedan fuera de las categorías con las que el gobierno presume avances.
El análisis también cuestiona la manera en que se comunican los resultados. El organismo advierte que las cifras de homicidio se han convertido en un indicador central del discurso oficial de seguridad y señala el uso de gráficas y comparaciones que pueden presentar reducciones mayores a las que arrojaría una comparación homogénea.
En un país donde aproximadamente 93% de los delitos no se denuncia, según la propia referencia utilizada por la organización, presumir una caída en los registros administrativos como sinónimo de una disminución real de la delincuencia resulta, cuando menos, aventurado.
La conclusión es incómoda: menos delitos registrados no necesariamente significa menos delitos cometidos. Las variaciones atípicas, los posibles subregistros, las reclasificaciones y las diferencias entre fuentes oficiales colocan bajo escrutinio la narrativa de una violencia en descenso.
Las alertas de Causa en Común no constituyen por sí mismas una prueba de manipulación, pero sí plantean una exigencia básica para cualquier gobierno que presume resultados en seguridad: explicar con claridad cómo se cuentan los delitos, por qué cambian las categorías y qué ocurre con los casos que no aparecen en las estadísticas oficiales.
