XALAPA, agosto 13 (XPFM).- El gobierno de Veracruz que encabeza Rocío Nahle abrió un nuevo frente contra la administración de Cuitláhuac García. Esta vez no fue desde el discurso político, sino desde la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), donde su titular, Miguel Reyes Hernández, acusó al gobierno anterior de haber manejado con opacidad los pasivos estatales y de haber convertido parte de la dependencia en una estructura burocrática que, según su propia expresión, se dedicaba a “papalotear”.
Durante un seminario del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, el secretario sostuvo que la administración anterior habría camuflado obligaciones financieras dentro de cuentas corrientes, lo que habría impedido tener una dimensión clara de los pasivos que enfrentaba Veracruz.
La acusación es particularmente delicada porque no se limita a cuestionar una decisión administrativa: apunta directamente a la calidad de la información financiera con la que se habría manejado el estado durante el sexenio de Cuitláhuac García.
De acuerdo al medio digital veracruzano Referente, Reyes Hernández aseguró que el actual gobierno decidió “sincerar los números” y reconocer los pasivos reales, una afirmación que coloca implícitamente a la administración anterior en el terreno contrario: el de unas finanzas que no habrían reflejado con claridad la magnitud de sus obligaciones.
El funcionario afirmó que esa política permitió reducir en más de 6 mil millones de pesos la deuda bancaria, además de avanzar en la regularización de adeudos históricos con el SAT y el ISSSTE. También puso como ejemplo los problemas encontrados en los institutos tecnológicos, donde, según explicó, se omitía de manera sistemática la retención y entero del ISR.
La actual administración estableció como regla que esas retenciones fueran enteradas a más tardar el día 14 de cada mes. De acuerdo con Reyes Hernández, el cumplimiento permitió incluso acceder a devoluciones por parte del SAT.
Hasta ahí, el discurso podría presentarse como un balance de corrección financiera. El problema es que el secretario fue mucho más allá cuando describió el funcionamiento de la dependencia durante el gobierno anterior. “La Sefiplan se limitaba a ‘papalotear’”, afirmó.
Y puso como ejemplo a la Subsecretaría de Planeación, donde —según su versión— se desperdiciaban recursos y tiempo en discusiones burocráticas sobre qué oficina debía encargarse de formular los indicadores económicos de Veracruz.
La frase resulta políticamente demoledora, pero también plantea una exigencia: si realmente existió ocultamiento de deuda, opacidad contable y negligencia administrativa, ¿qué consecuencias tuvo y quién fue responsable?
Porque señalar que una administración anterior “papaloteaba” puede funcionar como una descalificación política, pero no sustituye una auditoría. Si hubo pasivos escondidos en cuentas corrientes, deben existir documentos, registros contables, observaciones y responsables identificables. Y si las irregularidades fueron suficientemente graves como para comprometer las finanzas estatales, los ciudadanos tienen derecho a conocer qué ocurrió después de detectarlas.
El gobierno actual tampoco debería conformarse con utilizar el desastre administrativo del pasado como argumento de legitimación. Reducir deuda y regularizar obligaciones fiscales son resultados que deben medirse con cifras, documentos y transparencia, no solamente con declaraciones de funcionarios.
El señalamiento de Reyes Hernández abre, además, una pregunta incómoda para el propio gobierno de Nahle: si la administración recibió unas finanzas en las condiciones que describe, ¿por qué buena parte de estas acusaciones salen a la luz hasta ahora?
La denuncia pública puede ser el inicio de una explicación, pero no el final. Veracruz necesita saber cuánto de la deuda estaba efectivamente registrado, cuánto permanecía fuera de los mecanismos ordinarios de reconocimiento, qué pasivos fueron heredados y cuáles se generaron durante cada administración.
La diferencia entre propaganda y rendición de cuentas está precisamente ahí: en poner los números sobre la mesa, documentar las irregularidades y establecer responsabilidades. Mientras eso no ocurra, el choque entre ambos gobiernos seguirá pareciendo más una disputa por el relato de las finanzas de Veracruz que una explicación completa sobre cómo llegó el estado a la situación que hoy se denuncia.
