CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (XPFM).- La presentación realizada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, sobre una supuesta red de amplificación de mensajes en X abre una discusión mucho más delicada que la simple existencia de cuentas anónimas o campañas coordinadas: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno en el seguimiento y exhibición pública de ciudadanos que cuestionan al poder?
Durante su exposición del 12 de agosto, Alcalde presentó un análisis de siete meses sobre cuentas de X y habló de una estructura integrada por medios, personajes políticos, cuentas anónimas y mecanismos de amplificación. Según la explicación oficial, el estudio siguió 98 cuentas y detectó distintos patrones de difusión de mensajes.
El problema no está en investigar posibles operaciones coordinadas, bots o desinformación. El problema aparece cuando el lenguaje utilizado desde Palacio Nacional comienza a transmitir la idea de que los críticos del gobierno están siendo identificados y vigilados por el Estado.
La frase de Alcalde es particularmente significativa:
“Y tenemos todos estos ubicados.”
No se trata de un hecho menor, pues surge una frontera que el gobierno debería explicar con absoluta claridad: una cosa es investigar una operación coordinada de desinformación y otra muy distinta convertir la crítica política, la sátira, la opinión o la amplificación de contenidos opositores en una conducta susceptible de ser exhibida desde Palacio Nacional.
Alcalde sostuvo que la red analizada busca “perjudicar” y “lastimar” al gobierno y que está asociada “muchas veces a la mentira”. También afirmó que una cosa es estar en desacuerdo con la presidenta y otra “mentir sobre lo que se dijo”. La distinción es correcta en principio. Nadie debería defender la fabricación deliberada de información falsa. Pero ¿quién decide cuándo una publicación es mentira, cuándo es opinión y cuándo es crítica? Esa es precisamente la pregunta que vuelve preocupante que desde el poder se elaboren listas de usuarios y se expongan públicamente sus comportamientos digitales.
El riesgo aumenta cuando la expresión “los tenemos ubicados” proviene de una funcionaria de alto nivel y no de un analista independiente, lo que recuerda las amenazas que hacen los integrantes del crimen organizado a sus rivales. En ese contexto, la frase puede ser interpretada por cualquier ciudadano crítico como un mensaje de advertencia y amenaza: el gobierno sabe quién eres, qué publicas, cuándo lo haces y cuánto impacto tienes.
Y aunque Alcalde no haya formulado una amenaza explícita, el poder político no necesita amenazar directamente para generar un efecto intimidatorio. Basta con hacer saber que determinados ciudadanos están siendo monitoreados y clasificados desde las estructuras del Estado.
La propia funcionaria reconoció que muchas de las cuentas que presentó son anónimas y habló de sus cambios de nombre, horarios de publicación y patrones de actividad. Eso demuestra que existe capacidad para realizar un seguimiento considerablemente detallado del comportamiento de usuarios en redes sociales.
Por eso la pregunta no es si existen bots, trolls o campañas coordinadas. La pregunta es qué límites tiene el gobierno para investigar, clasificar y exhibir a ciudadanos por sus opiniones o por amplificar determinados mensajes.
Además, hay una paradoja evidente. Mientras el gobierno habla constantemente de combatir la desinformación y proteger el debate público, una presentación oficial desde Palacio puede terminar alimentando precisamente el ambiente de polarización que dice querer combatir: buenos contra malos, gobierno contra opositores, información oficial contra quienes cuestionan al poder.
Alcalde reconoció que puede existir desacuerdo legítimo con la presidenta: “Puede ser que a mí no me guste lo que la persona dijo, puedo estar en desacuerdo con lo que la Presidenta mencionó, eso es un tema válido”. Entonces el gobierno debería empezar por garantizar que ese “tema válido” no termine convertido en un expediente político.
Porque criticar al gobierno no es una anomalía democrática; es una función esencial de la democracia. Y amplificar una opinión, incluso una opinión incómoda, no convierte automáticamente a un ciudadano en parte de una operación ilícita.
Si la Presidencia tiene pruebas de que existen campañas coordinadas, financiamiento ilegal, bots utilizados para manipular tendencias o fabricación deliberada de información falsa, debe presentarlas con metodología, evidencia verificable y, cuando corresponda, llevarlas ante las autoridades competentes.
Pero si lo que se presenta desde Palacio son listas de cuentas críticas acompañadas de expresiones como “los tenemos ubicados”, el gobierno corre el riesgo de enviar un mensaje completamente distinto al que pretende: no el de una autoridad que combate la desinformación, sino el de un poder que observa, clasifica y exhibe a quienes considera incómodos.
