CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (XPFM).- La estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum para enfrentar la saturación penitenciaria abre más preguntas de las que responde. La presidenta anunció un programa para acelerar la liberación de personas privadas de la libertad por delitos menores y de quienes llevan años en prisión sin recibir sentencia, además de proyectar la construcción de seis centros estatales de detención.
El problema es que el ambicioso proyecto penitenciario todavía no tiene los recursos necesarios para ponerse en marcha. Es decir, el gobierno plantea nuevas instalaciones mientras, al mismo tiempo, busca reducir la población carcelaria mediante liberaciones anticipadas. La duda inevitable es si se trata de una política integral de reinserción o simplemente de una salida administrativa a la sobrepoblación.
Sheinbaum aseguró que el plan se desarrollará en coordinación con los gobiernos estatales y bajo un modelo centrado en la reinserción social y el respeto a los derechos humanos (de los infractores). También informó que la Consejería Jurídica trabaja en la revisión de casos para determinar quiénes podrían obtener su libertad.
Y aquí está uno de los puntos que más inquietud genera: no toda persona privada de la libertad es un delincuente condenado, pero también sería ingenuo ignorar la necesidad de explicar con absoluta claridad qué perfiles serán liberados, bajo qué criterios y qué mecanismos garantizarán que no exista un riesgo para las víctimas o para la sociedad.
La discusión tampoco puede reducirse a la saturación de las cárceles. Si existen miles de personas que llevan años sin sentencia, el problema de fondo es otro: la lentitud y las deficiencias del sistema de procuración e impartición de justicia. Liberar a quienes legalmente tengan derecho a recuperar su libertad puede corregir una injusticia, pero no resuelve las causas que llevaron a tener personas durante años privadas de la libertad sin una resolución judicial.
Pero tampoco puede ignorarse el contexto político. La decisión ocurre rumbo a las elecciones intermedias de 2027, por lo que cualquier modificación de gran escala en la política penitenciaria exige transparencia y criterios estrictamente jurídicos. La libertad de una persona no puede convertirse en moneda electoral, pero tampoco puede utilizarse el argumento de la seguridad para mantener indefinidamente en prisión a quien no ha sido sentenciado.
El gobierno de Sheinbaum tiene, por tanto, una doble obligación: garantizar los derechos de quienes enfrentan procesos penales y, al mismo tiempo, proteger a la sociedad. Ambas cosas son compatibles; lo que no resulta aceptable es presentar una política de liberaciones sin explicar suficientemente sus alcances.
Las cárceles deben descongestionarse cuando existe una razón legal para ello. La interrogante es si el gobierno tiene una estrategia seria para sustituir la prisión injustificada por justicia efectiva, o si está intentando resolver la crisis penitenciaria sacando personas de las cárceles antes de haber construido las condiciones necesarias para una verdadera reinserción.
Porque una política de seguridad no puede consistir simplemente en abrir las puertas de las prisiones. Tampoco puede consistir en mantenerlas cerradas indefinidamente a quienes legalmente tienen derecho a recuperar su libertad. Entre ambos extremos está la justicia, y esa es precisamente la parte que el gobierno todavía tiene que explicar.
