CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (XPFM).- La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) modificó el tono de sus advertencias sobre los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias y ahora sostiene que existen condiciones para descartar, al menos por el momento, un intento de censura por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
En un comunicado, la organización empresarial reconoció avances en la consulta pública y destacó que las autoridades han mostrado apertura para revisar aspectos que inicialmente generaron preocupación, entre ellos el funcionamiento de los defensores de las audiencias, la libertad editorial y las condiciones de competencia de los medios mexicanos frente a las plataformas digitales extranjeras.
La CIRT afirmó que la CRT le ha informado que su intervención solamente se produciría a partir de una queja presentada ante un medio y que no tendría facultades para intervenir sobre contenidos editoriales ni sobre las determinaciones adoptadas por el defensor de audiencia de cada empresa.
La precisión es relevante, pero también pone de manifiesto el problema central: si fue necesario aclarar los alcances de la intervención de la autoridad, es porque la propuesta original dejaba suficientes dudas como para generar preocupación dentro de la propia industria.
La CIRT asegura ahora que el diálogo con los funcionarios de la CRT le proporciona tranquilidad y que la intención de la autoridad no es establecer mecanismos de censura. Sin embargo, esta postura resulta menos contundente que la preocupación expresada al inicio del proceso y coloca a la organización en una posición que merece seguimiento: la Cámara parece confiar en las explicaciones de la autoridad antes de conocer las reglas definitivas que serán aprobadas.
El proceso de consulta pública acumula más de 2 mil comentarios, según la propia CIRT. La cifra evidencia el interés que ha despertado una regulación que no sólo involucra a concesionarios y medios de comunicación, sino también la libertad editorial y el derecho de las audiencias a recibir información plural.
El punto fundamental será, por tanto, el contenido final de los lineamientos. Las declaraciones de los funcionarios pueden ofrecer certidumbre política, pero no sustituyen la necesidad de establecer límites jurídicos claros que impidan que una instancia reguladora termine interviniendo, directa o indirectamente, en las decisiones editoriales de los medios.
También resulta pertinente exigirle a la propia CIRT una posición consistente. Si la organización detectó riesgos suficientes para exigir modificaciones al proyecto, no debería dar por superadas esas preocupaciones simplemente porque la autoridad aseguró que no pretende censurar. Su responsabilidad como representante de la industria consiste precisamente en vigilar que esas garantías queden incorporadas de manera expresa y verificable en la norma.
La defensa de los derechos de las audiencias es legítima y necesaria. El problema surge cuando una regulación diseñada para proteger esos derechos puede abrir espacios de discrecionalidad que terminen afectando la libertad de expresión.
Por ello, el verdadero resultado de la consulta no se medirá por el comunicado de la CIRT ni por las explicaciones de la CRT, sino por el texto que finalmente apruebe el Pleno.
La CIRT puede estar tranquila, pero no debería bajar la guardia. Su reconocimiento anticipado a la apertura de la autoridad corre el riesgo de convertirse en una concesión prematura si las garantías anunciadas no quedan plasmadas en reglas precisas, transparentes y con límites efectivos.
En materia de libertad editorial, la confianza no puede sustituir a las garantías legales. Y si la CIRT decidió asumir que no existe riesgo de censura, tendrá que ser también la primera en señalarlo si el texto definitivo termina demostrando lo contrario.
