CIUDAD DE MÉXICO, agosto 07 (XPFM).- La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a exigir que Estados Unidos esclarezca la operación que culminó con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, al asegurar que el procedimiento debe aclararse “por el bien de la relación” entre ambos países y para determinar si existió una intervención de agencias estadounidenses en territorio mexicano sin autorización del gobierno.
La exigencia de transparencia es legítima cuando se trata de una posible vulneración de la soberanía nacional. Sin embargo, el discurso presidencial omite un aspecto central: antes de exigir cuentas a Washington, el gobierno mexicano sigue sin responder las interrogantes sobre su propia actuación en el caso.
Uno de los episodios más controvertidos es el relacionado con el piloto de la aeronave utilizada en el traslado de Zambada. Las autoridades mexicanas terminaron entregándolo a Estados Unidos, pese a sostener que desconocían quién era realmente y cuál había sido su participación en la operación.
Esa circunstancia plantea una contradicción difícil de explicar: ¿cómo puede reclamarse falta de información a otro gobierno cuando el propio Estado mexicano extraditó a un personaje clave sin tener plenamente identificada su relevancia dentro de los hechos?
Si la versión oficial es que México fue ajeno al operativo, la pregunta inevitable es por qué no se agotaron las investigaciones nacionales antes de entregar a un testigo o participante potencialmente fundamental para reconstruir lo ocurrido. La falta de claridad no solo apunta hacia Washington; también alcanza a las instituciones mexicanas.
Una acusación delicada sin pruebas públicas
Otro de los puntos más polémicos de las declaraciones de Sheinbaum fue la insinuación de que alguna institución del gobierno estadounidense pudo haber provocado deliberadamente la fractura interna del Cártel de Sinaloa, lo que habría derivado en el incremento de la violencia registrado en esa entidad.
Se trata de una afirmación de enorme alcance político y diplomático. De seguir esa línea, se insistiría e implicaría que una estrategia de inteligencia extranjera tuvo consecuencias directas en la seguridad pública de México.
Más allá de solicitar una investigación, sugerir que Estados Unidos habría fomentado intencionalmente una división criminal que desencadenó una escalada de violencia constituye una insinuación peligrosa pues el planteamiento corre el riesgo de trasladar hacia un actor externo la responsabilidad por un conflicto cuya contención corresponde, en primera instancia, al Estado mexicano.
La transparencia debe ser en ambos sentidos
La presidenta sostiene que todo debe aclararse “por el bien de las relaciones” entre México y Estados Unidos. Precisamente por ello, la exigencia de transparencia no puede ser unilateral.
Si el gobierno reclama explicaciones sobre una operación realizada por autoridades estadounidenses, también debe explicar por qué las instituciones mexicanas desconocían lo ocurrido, cómo fue posible que un actor clave terminara en manos de Estados Unidos sin que se hubiera esclarecido previamente su papel y qué decisiones se tomaron durante todo el proceso.
Ante este panorama la pregunta obligatoria es ¿por qué el gobierno de EE.UU. no informó ni ha informado a su homologo mexicano lo que este tanto exige; acaso será que no confía en las instituciones del estado mexicano ni en su representante?
La defensa de la soberanía pierde fuerza cuando las propias autoridades no logran explicar sus actuaciones. Antes de señalar responsabilidades en el extranjero, el gobierno mexicano enfrenta el reto de rendir cuentas sobre sus propias omisiones, decisiones y protocolos en uno de los episodios más trascendentes de la cooperación bilateral contra el crimen organizado. Sólo entonces la exigencia de claridad hacia Washington tendrá la misma solidez que se demanda puertas adentro.
