CIUDAD DE MÉXICO, julio 28 (XPFM).- Las nuevas reglas sobre los derechos de las audiencias continúan generando preocupación entre especialistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Ahora, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que será la autoridad del Estado la que determine cuándo una información es falsa, una postura que alimenta las críticas sobre un posible exceso en las facultades del Poder Ejecutivo.
Durante una entrevista, Monreal rechazó que los nuevos lineamientos representen un mecanismo de censura. Sin embargo, sostuvo que corresponde al Estado hacer cumplir la ley y que necesariamente alguna autoridad deberá intervenir cuando existan denuncias de los ciudadanos por contenidos presuntamente falsos.
“Eso me parece que es ineludible. No se trata de censura”, afirmó el legislador, al defender que los lineamientos deben garantizar el derecho de las audiencias y no los intereses del gobierno.
No obstante, al ser cuestionado sobre el riesgo de que el Ejecutivo se convierta en “juez y parte” al decidir qué información es verdadera o falsa, Monreal respondió que únicamente la autoridad puede hacer valer la ley.
“La autoridad siempre tiene el carácter de hacer valer lo que la ley establece. Nada más la autoridad. No puede ser un particular el que obligue al respeto de la ley. No es que actúe como juez y parte, es que algún órgano del Estado tiene que obligarse a que se respete lo que la ley establece”, declaró.
Las declaraciones contrastan con los señalamientos realizados por organismos empresariales y expertos en telecomunicaciones, quienes han advertido que los lineamientos propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) contienen conceptos ambiguos que podrían permitir al gobierno calificar contenidos como “falsos” o “descontextualizados”, otorgándole una capacidad inédita para intervenir en el ámbito informativo.
Monreal también aseguró que nunca ha respaldado sanciones contra los medios de comunicación, aunque reconoció que, una vez aprobadas, las disposiciones legales deberán cumplirse.
“Nunca he estado de acuerdo en que se sancione a los medios… pero obviamente las leyes se tienen que acatar y obedecer”, expresó.
El legislador insistió en que la discusión aún no concluye y llamó a esperar la versión definitiva de los lineamientos antes de emitir una conclusión definitiva.
Sus declaraciones fortalecen uno de los principales cuestionamientos formulados por críticos de la reforma: que el Estado termine asumiendo el papel de árbitro de la verdad, con la facultad de decidir, a partir de denuncias ciudadanas, qué información puede considerarse falsa y qué contenidos deben ser corregidos o eventualmente sancionados.
El debate ocurre en medio de crecientes advertencias de organismos del sector de radiodifusión, juristas y defensores de la libertad de expresión, quienes sostienen que cualquier regulación que otorgue al gobierno la capacidad de definir la veracidad de las noticias puede abrir la puerta a mecanismos de control sobre el trabajo periodístico y afectar el pluralismo informativo bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias.
