CIUDAD DE MÉXICO, julio 28 (XPFM).- La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) lanzó una advertencia sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que el proyecto impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) contiene disposiciones ambiguas que podrían traducirse en un mayor control del gobierno sobre los contenidos informativos y representar un retroceso para la libertad de expresión.
En un pronunciamiento emitido este martes 28 de julio, la CIRT señaló que, si bien respalda el objetivo de fortalecer la protección de las audiencias, existen aspectos del proyecto que deben corregirse para evitar que la regulación termine otorgando facultades discrecionales a la autoridad.
La organización, que agrupa a más de mil 200 estaciones de radio y televisión en el país, anunció que construirá una postura unificada para presentarla durante el proceso de consulta pública abierto por la CRT.
Entre los principales cuestionamientos, la CIRT sostiene que los lineamientos permitirían al gobierno determinar qué información puede considerarse “falsa” o “descontextualizada”, lo que, a su juicio, debilita los mecanismos de autorregulación de los medios y resta independencia al defensor de las audiencias, quien quedaría subordinado a la autoridad reguladora.
La cámara advirtió que esta redacción genera incertidumbre jurídica y podría convertirse en un mecanismo para intervenir en contenidos periodísticos bajo criterios poco claros.
Otro de los puntos criticados son las multas previstas en el proyecto. La CIRT afirmó que las sanciones contempladas —de hasta el uno por ciento de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario o programador— exceden lo establecido en la legislación vigente, que únicamente prevé multas por no designar un defensor de las audiencias o por incumplir con la emisión de códigos de ética.
Desde su perspectiva, el proyecto pretende ampliar el régimen sancionador sin sustento legal, lo que podría derivar en castigos desproporcionados para los medios de comunicación.
La organización también expresó preocupación por la creación de un “recurso de inconformidad”, mediante el cual la autoridad podría revisar las resoluciones emitidas por los defensores de las audiencias.
Según la CIRT, esta figura abriría la posibilidad de que el gobierno tenga la última palabra sobre qué contenidos, incluidos los informativos, pueden difundirse, debilitando la autonomía de los mecanismos de defensa previstos originalmente para proteger a las audiencias.
Asimismo, pidió que los lineamientos prohíban expresamente la presentación de denuncias anónimas, al considerar que, de mantenerse esa posibilidad, podrían utilizarse como instrumentos de presión contra periodistas, comunicadores y medios mediante la presentación de quejas falsas o fabricadas.
El posicionamiento de la CIRT se suma al creciente debate en torno a la nueva regulación del sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Diversos especialistas, organizaciones civiles y representantes de medios han manifestado preocupación por disposiciones que consideran susceptibles de utilizarse para incrementar el control estatal sobre la información.
Aunque la cámara reconoció la apertura de la consulta pública por parte de la CRT como una oportunidad para corregir el proyecto, insistió en que los lineamientos requieren modificaciones de fondo para evitar que, bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias, se establezcan mecanismos que puedan afectar la libertad de expresión, la independencia editorial y el ejercicio del periodismo en México.
