El homicidio del abogado Javier López Reyna en Tijuana marca el decimoséptimo asesinato de un litigante bajo la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, evidenciando una crisis de seguridad que mantiene a los profesionales del derecho en una situación de indefensión crítica y sin protocolos de protección vigentes.
El patrón de violencia contra el gremio legal
La incidencia de homicidios contra abogados en Baja California mantiene una tendencia alarmante bajo la actual gestión estatal.
- Víctima reciente: Javier López Reyna, de 52 años, fue ejecutado el 23 de julio de 2026 tras recibir múltiples disparos de un atacante solitario afuera de su domicilio en la colonia Granjas La Esperanza, Tijuana.
- Cifra acumulada: El caso representa el segundo asesinato de un abogado en lo que va de 2026 y el número 17 desde el inicio del mandato de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
- Precedentes cercanos: El 29 de junio de 2026 fue asesinado el abogado penalista Jesús Noriel Valdéz Urías en Ensenada; anteriormente, en noviembre y diciembre de 2025, perdieron la vida Emilia Ortega Aceves y Arturo Pérez Anguiano Scully.
Exigencia de protocolos ante la inacción estatal
Los colegios y barras de abogados han manifestado su hartazgo ante la omisión de las autoridades estatales frente al riesgo letal que enfrentan diariamente.
El Colegio de Abogados de Tijuana y la Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco” han rechazado la narrativa oficial que clasifica estos crímenes como eventos aislados. Las organizaciones exigen que el gobierno de Baja California y la Fiscalía General del Estado (FGE) reconozcan la abogacía como una profesión de alto riesgo.
El estancamiento burocrático de la seguridad
El gremio legal ha denunciado la existencia de una propuesta de Protocolo de Atención y Protección para Abogadas y Abogados que permanece bloqueada.
Esta herramienta, diseñada para establecer mecanismos de prevención, coordinación institucional y atención oportuna ante amenazas, sigue sin ser aprobada por las instancias gubernamentales. Estefanía Campos García, presidenta de la Barra de Abogadas, sentenció que la prevención no admite más retrasos mientras las familias del gremio continúan sufriendo pérdidas irreparables ante la falta de justicia y esclarecimiento de los casos previos.
