CIUDAD DE MÉXICO, julio 28 (XPFM).- Durante su conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una defensa sobre la reforma en materia de Derechos de las Audiencias, pero sus declaraciones contienen una serie de contradicciones conceptuales y prácticas que reabren el debate: ¿puede el Estado impulsar mecanismos para “eliminar las mentiras” sin convertirse, eventualmente, en un árbitro de la verdad?
Aunque la mandataria insiste en que “no se trata de multar” y que el objetivo es únicamente fortalecer la información veraz mediante un proceso de “autorregulación”, el propio diseño de la legislación deja abierta la posibilidad de imponer sanciones económicas, lo que convierte la autorregulación en un mecanismo condicionado por la amenaza de la intervención estatal.
Primera contradicción: “No queremos multar”, pero las multas existen
Sheinbaum sostiene que “el objetivo no es multar”, aunque reconoce que la ley sí contempla sanciones. Esta afirmación genera una contradicción evidente.
Si una legislación incorpora multas como mecanismo de cumplimiento, las sanciones dejan de ser un elemento accesorio para convertirse en parte del esquema regulatorio. La existencia de castigos modifica inevitablemente el comportamiento de los medios, aun cuando rara vez sean aplicados.
En términos jurídicos y de comunicación pública, la sola posibilidad de ser sancionado puede incentivar la autocensura.
Segunda contradicción: hablar de “autorregulación” cuando existe supervisión estatal
La presidenta afirma que “es un proceso de autorregulación del medio.” Sin embargo, inmediatamente reconoce que la Comisión será la encargada de decidir sobre la aplicación de la ley y que cuenta con autonomía técnica.
Aquí aparece otro problema lógico. La autorregulación, por definición, implica que un medio establece y hace cumplir sus propios mecanismos internos sin intervención del Estado.
Pero si una autoridad administrativa conserva la facultad de revisar el cumplimiento e imponer sanciones cuando considera que esos mecanismos no fueron suficientes, deja de tratarse de una autorregulación pura para convertirse en una regulación estatal con ejecución diferida.
Tercera contradicción: ¿quién decide qué es una mentira?
Quizá el punto más delicado de todo el discurso es cuando Sheinbaum afirma que “el objetivo es que no haya mentiras.”
La frase parece razonable en apariencia, pero plantea un problema enorme para cualquier democracia. ¿Qué constituye una mentira?
Existen casos evidentes —como datos completamente falsos o documentos alterados—, pero la mayor parte del trabajo periodístico consiste precisamente en interpretar información, seleccionar fuentes y confrontar versiones. Muchas investigaciones periodísticas comienzan con información que el gobierno niega y que meses después termina siendo confirmada.
Si un funcionario sostiene una versión y un medio presenta documentos que la contradicen, ¿quién determina cuál versión es “verdadera”?
En ese terreno, la frontera entre combatir la desinformación y controlar la narrativa pública puede volverse extremadamente difusa.
El problema de la verdad oficial
La experiencia mexicana demuestra que el propio Estado ha difundido información posteriormente corregida o desmentida.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo múltiples episodios en los que las cifras oficiales fueron cuestionadas por organismos autónomos, instituciones académicas o incluso dependencias gubernamentales.
Entre los ejemplos más discutidos se encuentran:
- Diferencias entre cifras oficiales y estimaciones independientes sobre homicidios y desaparecidos;
- Cambios metodológicos en indicadores económicos y de pobreza;
- Proyecciones sobre crecimiento económico que no se materializaron;
- Declaraciones sobre el sistema de salud que contrastaban con reportes hospitalarios;
- Información contradictoria durante la pandemia de COVID-19;
- Discrepancias respecto al desabasto de medicamentos.
En todos esos casos coexistieron versiones oficiales y análisis alternativos. Si hubiese existido un mecanismo orientado a sancionar aquello considerado “mentira”, surge una pregunta inevitable: ¿Quién habría decidido cuál versión debía prevalecer?
La crítica no puede convertirse en “desinformación”
Otro aspecto delicado es la afirmación presidencial de que los medios deben presentar “los distintos puntos de vista”.
En teoría parece un principio democrático. En la práctica puede convertirse en un criterio altamente subjetivo.
Un medio editorialmente crítico no tiene la obligación de construir una falsa equivalencia entre todas las posiciones políticas. Su obligación es verificar información, contextualizar hechos y ofrecer evidencia. Exigir permanentemente “la otra versión” puede terminar convirtiéndose en una herramienta para descalificar investigaciones incómodas.
Si un reportaje documenta actos de corrupción mediante expedientes oficiales, testimonios y documentos públicos, la ausencia de una explicación gubernamental inmediata no convierte automáticamente el trabajo en información falsa.
El riesgo del “efecto inhibidor”
Aunque Sheinbaum insiste en que las multas serían “la última instancia”, el problema no radica únicamente en su aplicación.
Diversos estándares internacionales sobre libertad de expresión advierten sobre el llamado efecto inhibidor: la existencia de sanciones potenciales puede llevar a periodistas y empresas de comunicación a evitar investigaciones polémicas para reducir riesgos legales o económicos.
En otras palabras, la censura no siempre opera mediante prohibiciones explícitas; también puede surgir cuando el costo potencial de publicar resulta demasiado elevado.
¿Quién vigila al vigilante?
El argumento presidencial parte de una premisa: que el Estado busca proteger a las audiencias frente a la desinformación.
Sin embargo, en una democracia la pregunta debe formularse en sentido inverso:
¿Quién protege a las audiencias cuando quien difunde información inexacta es el propio gobierno?
Si las autoridades manipulan estadísticas, presentan datos incompletos o modifican narrativas oficiales, ¿existirá el mismo mecanismo para obligarlas a rectificar?
Mientras la regulación se concentre en los medios privados sin establecer obligaciones equivalentes para el poder público, el esquema corre el riesgo de generar una asimetría: el gobierno conserva la capacidad de fijar su narrativa, mientras los medios enfrentan incentivos para moderar o limitar la crítica.
El discurso presidencial intenta presentar la reforma como un mecanismo de autorregulación destinado a fortalecer la información veraz. Sin embargo, las propias declaraciones revelan tensiones difíciles de conciliar: se niega una intención sancionadora mientras se reconocen multas; se habla de autorregulación aunque exista supervisión estatal; y se plantea eliminar las “mentiras” sin responder quién definirá objetivamente qué es falso y qué constituye simplemente una versión distinta de los hechos.
En una democracia, la mejor defensa frente a la información errónea suele ser más información, mayor transparencia y pluralidad de voces, no la construcción de mecanismos donde el poder político, directa o indirectamente, pueda influir sobre los criterios que determinan qué puede considerarse verdad periodística. El mayor riesgo no es únicamente la sanción formal, sino que el temor a ella termine debilitando el papel crítico de los medios y favoreciendo una narrativa oficial con menor escrutinio público.
