CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (XPFM).- La controversia en torno a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sumó un nuevo capítulo luego de que el empresario y exsubsecretario de Turismo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Simón Levy, informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de traición a la patria, además de cualquier otra conducta ilícita que pudiera acreditarse durante la investigación.
De acuerdo con el documento difundido por Levy, la denuncia fue recibida por la FGR este 27 de julio de 2026 y solicita la apertura de una carpeta de investigación por hechos que, a juicio del denunciante, podrían configurar violaciones a los artículos 123 al 126 del Código Penal Federal, relacionados con el delito de traición a la patria. Levy aseguró que, hasta donde tiene conocimiento, ningún otro funcionario había promovido una acción legal de esta naturaleza contra un gobernador en funciones.
El exfuncionario sostuvo que el caso trasciende el ámbito político y podría tener implicaciones binacionales, al considerar que una eventual investigación en México podría aportar elementos para procedimientos en Estados Unidos relacionados con presuntos actos de soborno, tráfico de influencias u otras conductas que, de existir evidencia, entrarían en la jurisdicción estadounidense. No obstante, enfatizó que será el proceso judicial el que determine los hechos y cualquier posible responsabilidad.
La denuncia se presenta en medio de las revelaciones publicadas por el periodista Héctor de Mauleón, quien difundió nuevas conversaciones atribuidas a la mandataria estatal. En los mensajes, Marina del Pilar reconoce haber contratado como asesor a Juan Sandoval, exagente del FBI radicado en San Diego, después de la cancelación de su visa estadounidense y mientras buscaba conocer el alcance de las investigaciones en su contra.
Según los intercambios difundidos, la gobernadora admite que una persona de su equipo estableció contacto con Sandoval debido a su relación previa dentro del FBI y reconoce que esas gestiones debieron realizarse “de manera formal con los abogados para que no parezca que estoy buscando otras vías”. En otra conversación señala que sostuvo reuniones con agentes estadounidenses y que contaba con asesoría legal para atender el caso, además de expresar sorpresa por la aparición de nuevos interlocutores durante las gestiones.
Las nuevas revelaciones intensifican los cuestionamientos sobre la actuación de la gobernadora y la transparencia con la que habría intentado resolver su situación migratoria y jurídica en Estados Unidos.
Levy busca que la FGR determine si existieron conductas constitutivas de delito, el caso incrementa la presión política sobre la administración de Morena en Baja California, que enfrenta crecientes señalamientos por el manejo de una crisis que ha trascendido el ámbito diplomático y amenaza con derivar en investigaciones tanto en México como en territorio estadounidense.
